El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, calcula que la región recibe, al año, unos 1.100 o 1.200 millones menos de lo que le correspondería por financiación autonómica y afirma que pedirá una reestructuración de la deuda, para que se concrete cuánto es por infrafinanciación.

«CLM, de las peor financiadas»

Ruiz Molina ofrece algunos datos del estudio que, tal y como adelantó el presidente regional, Emiliano García-Page, ha elaborado el Ejecutivo castellanomanchego para analizar el impacto del actual modelo de financiación autonómica en las cuentas públicas, un informe «sencillo en tanto que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas peor financiadas por el actual modelo».

De hecho, calcula que cada año que se retrasa la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, Castilla-La Mancha deja de percibir unos 1.100 o 1.200 millones al año, «por eso la prisa que tiene la comunidad autónoma por culminar un nuevo modelo de financiación que corrija esos desequilibrios».

En cuanto al pasado, el consejero de Hacienda señala que como la región considera que ha estado infrafinanciada «con este modelo que se diseñó con toda la buena voluntad, pero que se ha visto que ha perjudicado en situaciones de crisis», Castilla-La Mancha propone que se «corrijan los defectos» que ese modelo ha generado en la región.

[ze_summary text=»El consejero pide una reestructuración de la deuda»]El consejero pide una reestructuración de la deuda[/ze_summary] 

«Si cada año que se retrasa el nuevo modelo, son 1.200 millones de infrafinanciación, significa que parte del endeudamiento que ha tenido esta comunidad autónoma es consecuencia de esa infrafinanciación«, argumenta Ruiz Molina, que propone una «reestructuración de la deuda, para diferenciar el endeudamiento que es consecuencia de las decisiones que han tomado gobiernos anteriores de lo que es consecuencia de la infrafinanciación».

Ese cálculo para reestructurar la deuda de Castilla-La Mancha, que según los últimos datos asciende a 14.313 millones de euros, lo debe realizar, según Ruiz Molina, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que es el organismo que «hace los cálculos con más base científica».

Aportaciones suficientes para las competencias

En cuanto al modelo en sí, Ruiz Molina pide «suficiencia de recursos», es decir, que disponga de las aportaciones suficientes como para hacer frente a las competencias que ha asumido, lo que conlleva también «un reparto equitativo de todos los recursos entre los diferentes niveles de la administración«, es decir, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, algo que a su parecer no ocurre en la actualidad.

También solicita «dentro del principio de suficiencia, la nivelación total«, es decir, que ante iguales competencias, los ciudadanos de cualquier región puedan recibir los mismos niveles de prestación de servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal o económica que tenga la comunidad autónoma en la que viva.

Y de cara al futuro, Ruiz Molina apuesta por modificar la regla de gasto para blindar los servicios públicos fundamentales y que estos «no estén al albur del ciclo económico».

[ze_summary text=»208 millones menos por la congelación de las entregas a cuenta «]208 millones menos por la congelación de las entregas a cuenta [/ze_summary] 

En este punto, el consejero de Hacienda también critica que el Gobierno central haya decidido congelar las entregas a cuenta para las comunidades autónomas argumentando que no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2018, lo que se traducirá en que Castilla-La Mancha reciba 208 millones menos de lo previsto, que son 17 millones menos al mes.

El consejero, que confía en que ese dinero llegará «tarde o temprano», denuncia que la medida «dificulta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria» y reprocha que «no se puede estar por un lado intentando cumplir los objetivos y, al mismo tiempo, que estén cambiando las reglas del juego».

De este modo, recuerda que Castilla-La Mancha elaboró su presupuesto para 2018, ya en vigor, en base a unas estimaciones de ingresos que ahora se han visto reducidas y, aunque afirma que el Ejecutivo castellanomanchego «no está por la labor» de tomar medidas para reducir el gasto debido a esta merma de ingresos, sí ve probable que si no llegan esas aportaciones a final de año, «está claro que la región tendrá que incurrir en déficit».

Con todo, insiste: «Creo que al final llegarán, pero el problema es que nos dificulta enormemente toda la gestión de tesorería de estos meses en tanto nos llega menos dinero del previsto».

«El déficit no es lo más me obsesiona»

Y sobre el cumplimiento del objetivo de déficit para 2017, fijado en el 0,7 por ciento, sostiene que ya no es lo que más le obsesiona y recuerda que en 2016, el Ministerio de Hacienda dijo que la región había cumplido, pero «luego con los ajustes de contabilidad nacional, dijeron que no».

En cambio, apunta que «no es tan importante cumplir sino proseguir en la senda de la reducción de la necesidad de financiación», algo que -subraya- está ocurriendo».

[ze_summary text=»El Gobierno regional no buscará subterfugios para recuperar la jornada de 35 horas»]El Gobierno regional no buscará subterfugios para recuperar la jornada de 35 horas[/ze_summary] 

Por otro lado, Juan Alfonso Ruiz Molina se muestra rotundo al afirmar que el Gobierno regional no buscará «subterfugios» para recuperar la jornada laboral de las 35 horas semanales para los empleados públicos y pide que sea el Gobierno central el que «abra la mano».

Ruiz Molina señala que el Gobierno regional «fue de cara» y aprobó una ley que modificó la norma aprobada por el anterior Ejecutivo castellanomanchego que aumentaba la jornada laboral de los funcionarios a las 37,5 horas semanales y que fue «una medida que copió el Estado a la comunidad autónoma».

El también consejero de Hacienda recuerda que el Gobierno regional contrató al personal necesario para aplicar la reducción de jornada y el 1 de enero de 2016 entró en vigor la norma, que fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que «consideró, no de forma pacífica sino con varios votos particulares» -apunta Ruiz Molina- que Castilla-La Mancha estaba invadiendo competencias estatales y por lo tanto, invalidó la ley.

«Hemos acatado la sentencia»

«Hemos acatado la sentencia, como no podía ser de otra manera», defiende Ruiz Molina y ante las propuestas de otras comunidades autónomas, como Andalucía que ha vivido una situación similar, de aprobar la jornada presencial de 35 horas y 2,5 horas semanales de formación online, el consejero de Administraciones Públicas subraya: «Los funcionarios no se merecen que utilicemos subterfugios para cumplir algo que el TC ha dicho que era ilegal».

Además, opina que la imagen que se daría a «los ciudadanos no sería la más adecuada», por lo que exige a quienes piden la aplicación de las 35 horas semanales que reclamen al Gobierno central que «abra la mano y posibilite que las comunidades autónomas puedan regular cada una de ellas, como considere más oportuno, la jornada laboral de sus empleados públicos».

En general, Ruiz Molina considera que el Gobierno regional acabará la Legislatura habiendo cumplido con todos los compromisos que alcanzó con los empleados públicos al inicio de la misma y recuerda que ya se ha abonado íntegramente la paga extra de diciembre de 2012 y se han incrementado los salarios un 3 por ciento, a razón del 1,5 por ciento de 2017 y el 1,5 por ciento de este año.

Y añade que en 2019, los salarios subirán un 0,5 por ciento «como consecuencia de la paciencia que han manifestado por la recuperación de un derecho perdido de carácter económico y que solo se había perdido en esta comunidad autónoma y no en el resto».

También se han recuperado derechos relacionados con vacaciones, permisos por enfermedad y la incapacidad laboral transitoria y señala que, en la actualidad, se está negociando un «Plan Concilia» para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos.

Además, subraya que desde junio de 2015 hasta diciembre de 2017, la plantilla de la Junta de Comunidades se ha incrementado un 4,3 por ciento, es decir, 3.054 efectivos más y ello, aún sin sumar las ofertas de empleo público que o bien se están desarrollando en la Administración General o se celebrarán tanto en sanidad como en educación.

También recuerda la firma del III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo en las contratas de la Junta y avanza que próximamente se reunirá la comisión de seguimiento para «hacer una evaluación de cómo se están comportando las empresas» en relación con los principios incluidos en dicho acuerdo.