Ayer se dio a conocer la providencia del Tribunal Constitucional por la que se admitía el recurso del Gobierno de España a la Ley «anti-fracking» de Castilla-La Mancha, con lo que la norma quedará sin acción hasta que dicho Tribunal emita una sentencia.

Dicho escrito del TC daba el visto bueno al trasaldo de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Junta de Castilla-La Mancha y a las Cortes «para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes».

Con ello, la Ley aprobada en marzo de 2017 por las Cortes regionales queda suspendida y sin efecto, hasta que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar si no se estimara el recurso presentado por el Gobierno, en un plazo de cinco meses.

Providencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Gobierno by Enclm Enclm on Scribd

 

 

Tras realizar ayer unas declaraciones al respecto de esta suspensión cautelar por parte del Tribunal, hoy el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha vuelto a hablar sobre este recurso admitido a trámite, para hacer referencia a un antecedente, en el caso del País Vasco. El Tribunal Constitucional estimó el recurso que impuso el Gobierno a la ley vasca de contenido similar, pero no se declaró la inconstitucionalidad en la totalidad de la norma, sino en dos artículos y una disposición transitoria.

 

«Estudiaremos la sentencia que no anula la Ley vasca, para ver su posible aplicación en nuestra ley», ha dicho el propio Hernando. Con ello, el Gobierno regional se plantea presentar alegaciones en el proceso, apoyándose en la jurisprudencia creada en la actuación del órgano judicial contra la ley «anti-fracking» vasca, aprobada en 2015.

Una ley «garantista» con el Medio Ambiente y con las competencias territoriales

En pro de la desestimación del recurso, el portavoz del Gobierno regional ha defendido que la Ley castellano-manchega en esta materia es «doblemente garantista», tanto con la sostenibilidad del medio ambiente «como en la medida en la que hemos legislado dentro del marco de competencias de las Comunidades Autónomas», ha señalado. Justo por esa razón se admitió el trámite también para el texto que fue aprobado en el País Vasco.

Hernando, además, ha reseñado que la Ley no viene a prohibir el fracking o fractura hidráulica, sino a dificultarla dentro del territorio castellano-manchego. Así, ha criticado que la providencia del TC «pone de manifiesto la absoluta necesidad de que el Gobierno de España deje de poner en peligro el medio ambiente», por lo que ha pedido que «tome ejemplo y haga su propia ley anti-fracking».

En este caso, la Ley castellano-manchega vendría a asumir, según el recurso de inconstitucionalidad presentado, unas competencias que no tiene. Al paso, Hernando ha explicado la necesidad de una ley estatal que sirva para «impedir el fracking en nuestro país».

[ze_summary text=»El TC se ha pronunciado sobre cinco recursos llevados por el Gobierno de Rajoy, a leyes "anti-fracking" regionales»]El TC se ha pronunciado sobre cinco recursos llevados por el Gobierno de Rajoy, a leyes "anti-fracking" regionales[/ze_summary] 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, durante cuatro años, sobre cinco leyes -incluyendo la castellano-manchega- «anti-fracking», cuyos recursos de inconstitucionalidad han sido presentados por el Gobierno de España en las dos últimas legislaturas; es decir, por los gobiernos de Rajoy.

El primer caso fue el de Cantabria, en 2014. El Gobierno de España presentó un recurso a la Ley cántabra que buscaba evitar las prácticas de fractura hidráulica, pero el Tribunal admitió primeramente el trámite y más tarde lo estimó, por lo que la Ley fue, primero suspendida de manera cautelar, y luego de manera firme, tras una sentencia de 2014. La razón fue que «invadía» competencias estatales.

Sin novedades en Navarra, pero suspendida la Ley en Cataluña

También el TC admitió a trámite el recuso que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a la Ley «anti-fracking» de Navarra, pero el alto Tribunal no se ha vuelto a pronuciar sobre la estimación o desestimación del recurso, ni sobre la posible inconstitucionalidad o no de dicho texto legislativo.

La suspensión sí llegó a Cataluña, casi dos años más tarde, en 2016. Tras admitir el recurso del Gobierno de España, el Tribunal Constitucional procedió a paralizar de forma permanente el texto legislativo aprobado en el Parlament de Catalunya meses antes, Ley que prohibía «el uso de la fractura hidráulica o “fracking” en la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, ya que la autorización para el empleo de esta técnica es «una competencia estatal».

Ahora, tras conocer la estimación parcial del recurso en el País Vasco, que ha conseguido que la norma regional no sea declarada inconstitucional, sino únicamente una parte de su articulado, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse antes del 1 de julio sobre la norma «anti-fracking» que fue aprobada por el Gobierno de Page.