El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 897/2017 del Gobierno de España, en el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
El Real Decreto se aprobó el 6 de octubre y la Junta de CLM se mostró «preocupada» porque consideraban este bono social con descuentos en las facturas del suministro eléctrico una «trampa irresponsable», que podría generar impagos de los recibos de la luz en personas que no estuviesen en riesgo de exclusión social, y además el Decreto hacía responsables a los servicios sociales, dependientes de las comunidades autónomas, de las posibles facturas sin pagar.
El Gobierno regional presentó alegaciones al borrador del Real Decreto y después interpuso este recurso. El director general de Acción Social y Cooperación de CLM, Ramón Lara, tachaba por entonces la medida de «barbaridad» y decía que en el bono se estipulaban unas bonificaciones que trasladaban la responsabilidad y «la culpa» de los impagos en la factura de la electricidad a las comunidades autónomas y algunas de ellas se mostraban en contra, como es el caso de Castilla-La Mancha.
El bono social del Gobierno de Rajoy otorga las bonificaciones de hasta el 50 por 100 en las facturas tomando como baremo las rentas de los consumidores vulnerables.
De momento el Supremo está estudiando el recurso de Castilla-La Mancha y en el futuro se conocerá como acaba esta historia.