El Parlamento español lleva más de dos años funcionando apenas a medio gas: en 2016, porque el Gobierno de Mariano Rajoy estaba en funciones; en 2017, porque ese mismo Gobierno se dedicó más a vetar las iniciativas que proponía la oposición que a presentar sus propios proyectos de leyes. Ahora dicen en el PP que van a ser serios y ya no van a poner palos en las ruedas, para que el Congreso de los Diputados pueda cumplir con una de sus principales misiones: aprobar leyes que beneficien a la ciudadanía. A ver si es verdad, porque no hay muchas razones para fiarse.

La actividad de los diputados se ve a diario en los medios de comunicación: se reúnen las comisiones del Congreso, celebran cada semana plenos en los que preguntan a Rajoy y a los ministros, han constituido varias comisiones para investigar distintos temas… y hablan mucho, sobre todo de Cataluña. No es justo, por ello, decir que los diputados y senadores no trabajan, aunque la verdad es que unos lo hacen más que otros. Aplicando el conocido refrán de «en todas partes cuecen habas», se puede decir que en todos los lugares hay algún vago o vaga, y en el Parlamento también.

2017, el año con menos leyes de toda la democracia

Pero sí es justo decir que el más importante cometido de los parlamentarios, el de aprobar leyes, llevan demasiado tiempo desarrollándolo a medio gas. En 2017 sus señorías solo aprobaron 13 leyes, lo que le convierte en uno de los años con menos producción legislativa de toda la democracia.

Cuando el PP perdió la mayoría absoluta, este partido y el Gobierno vieron que los grupos de la oposición podían tumbar leyes que ellos habían aprobado antes y poner en marcha otras nuevas. Debieron pensar que, en esa situación, era preferible defender sus intereses partidistas que los generales de la ciudadanía y empezaron a vetar iniciativas de la oposición, con el beneplácito de la mayoría conservadora de la Mesa del Congreso que aceptó la gran mayoría de esos vetos.

La Constitución establece que el Gobierno puede vetar las propuestas de leyes o las enmiendas que presenten los grupos de la oposición, cuando considere que afectan a los Presupuestos Generales del Estado vigentes. El Gobierno ha abusado de esa competencia y se ha dedicado sistemáticamente a vetar las iniciativas de la oposición. En 2017 vetó más de 70, muchas de ellas de carácter social.

Los grupos de la oposición quieren limitar tanta capacidad de veto y el PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por lo que considera un abuso. Habrá quien diga que se trata de un asunto técnico que no interesa a la ciudadanía en general, pero no es así: gracias a esa posibilidad legal de veto, el Gobierno de Mariano Rajoy ha impedido, por ejemplo, que sea derogada la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza– y otras leyes que fueron aprobadas en su día con los únicos votos del PP, cuando este partido tenía mayoría absoluta, y con el rechazo de toda la oposición.

Los partid0s, ocupados con sus problemas y Cataluña

En los dos últimos años algunos partidos se han dedicado sobre todo a hablar de los deseos independentistas de una parte de la ciudadanía de Cataluña y de las sorprendentes ocurrencias del expresidente huido, Carles Puigdemont; otros, a resolver sus problemas internos, que no han sido pocos; y el PP, mientras tanto, a ver cómo los partidos de la izquierda se pelean entre ellos y se echan la culpa unos a otros de no haber sido capaces de ponerse de acuerdo para desalojar a Rajoy de la Moncloa.

Si el PP cumple su palabra y frena su intensa actividad con los vetos, es posible que el Congreso de los Diputados empiece a tramitar con cierta normalidad el más de medio centenar de leyes que tiene en el cajón de las comisiones correspondientes, unas porque el Gobierno las ha vetado y otras porque los diputados populares prorrogan semana tras semana los plazos para presentar enmiendas, porque las normas del Congreso lo permiten, con lo que el resultado en la práctica es el mismo: están paralizadas.

Pero que cada palo aguante su vela, porque otros grupos parlamentarios también tienen su parte de responsabilidad en la baja productividad legislativa del Congreso. Un buen ejemplo es la renovación de la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE: en septiembre modificaron la ley, para que esos cargos sean designados mediante un concurso público y así se garantice su independencia, pero existe el peligro de que no se haga de esa manera porque el PSOE se empeña en cambiar a los actuales cargos con urgencia por el sistema anterior (por mayoría absoluta), sin concurso público, y ni los socialistas ni el PP han hecho mucho caso a los borradores de normas que presentaron hace meses Unidos Podemos y Ciudadanos para convocar ese concurso. En su momento se conocerán los motivos.