Desde la Federación de Autónomos (ATA) denuncian el aumento de morosidad de las administraciones locales y autonómicas hacia los autónomos. En este sentido, la deuda acumulada por las administraciones ha aumentado un 6,1 por 100 desde agosto.
El IVA adelantado por los autónomos de Castilla-La Mancha a las administraciones por facturas emitidas pero no cobradas asciende a 71 millones hasta el pasado mes de noviembre, según ha denunciado la Federación de Autónomos (ATA).
En España, el IVA que adelantaron los autónomos al Estado por facturas emitidas pero todavía no cobradas sumó 1.930 millones de euros hasta noviembre y se incrementó en 111 millones desde agosto.
La Federación de Autónomos ATA ha denunciado, mediante un comunicado, el aumento de la morosidad de las administraciones locales y autonómicas hacia los autónomos y señaló que Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran el 67,5 por 100 del total del IVA adelantado y no cobrado.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha criticado que los emprendedores actúen financiando a las administraciones públicas «como si fueran mercados» y ha pedido al nuevo Gobierno que cambie la forma de tributación del IVA a principios de año.
«Aún hay tiempo», ha dicho Amor para reclamar que el IVA sea abonado una vez el autónomo haya cobrado la factura emitida.
Según los datos de ATA, Cataluña es la comunidad que más pagos de IVA adelantado ha efectuado hasta noviembre, por valor de 436 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 349 millones de euros; de Andalucía, que pagó 251 millones y de la Comunidad Valenciana, que abonó 222 millones.
A estas comunidades le siguieron Galicia, donde los autónomos pagaron 103 millones de euros de un IVA no cobrado; País Vasco (93 millones de euros); Castilla-La Mancha (71 millones); Murcia (78 millones); Castilla y León (67 millones) y Aragón (65 millones).
Desde agosto la deuda acumulada por las administraciones a los autónomos ha aumentado un 6,1 por 100.
Amor ha lamentado que ni la empresa pública ni la privada cumpla con la Ley de Morosidad y ha calificado de «dramática» la situación de los trabajadores por cuenta propia.
Por todo ello, ha reclamado una reforma fiscal que garantice la liquidez en los pequeños negocios y ha abogado por reducir el impuesto de sociedades y trasladarlo al IRPF, así como cambiar el criterio de devengo en la tributación del IVA por el de caja o adecuar los módulos a la caída de la actividad económica.