2018 parece un año en el que tomarán forma varias leyes autonómicas. Entre ellas, una que fue fundamental para que hubiese un acuerdo entre PSOE y Podemos para la formación de un Gobierno conjunto y la creación de un puesto de consejera específico, el de Inmaculada Herranz.

Hablamos de la ley de garantías ciudadanas y hoy, el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha explicado que el borrador «está muy avanzado» y según ha expresado, no le «cabe ninguna duda» de que en 2018 «sea una realidad».

«Nos repetían que teníamos buenos principios pero que eran irrealizables. Creo que esa coherencia y ese tener principios ha ido demostrado que algunas de esas cosas que se decían imposibles ya son realidad y tenemos margen para ir más lejos», ha indicado García Molina en referencia a las «realidades» conseguidas como la renta básica, aunque todavía está por aprobar.

Esta información la ha aportado en el desayuno informativo que ha convocado hoy en Toledo, donde también ha subrayado que todos los pasos dados para la elaboración de esta ley encaminada a blindar los servicios fundamentales en la ciudadanía han sido «coordinados y de mutuo acuerdo» entre los dos partidos del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este sentido, otras leyes también serán aprobadas en 2018 tal y como ha indicado, como la de participación, la de bienestar animal y la del tercer sector.

Ley de participación permitirá hacer aportaciones incluso en los Presupuestos

Otro campo en el que trabaja García Molina es en la elaboración de la ley de participación ciudadana. Esta legislación permitirá «universalizar» el acceso a la toma de decisiones a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Según ha indicado, la ley «va a permitir que la ciudadanía se implique incluso en los Presupuestos», ya que habrá una parte de los mismos que se podrá decidir tras las aportaciones de los castellano-manchegos.

Los tres pilares para darle el visto bueno a una posible reforma electoral

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha ha defendido que la reforma electoral debe ir ligada a una reforma «integral» del Estatuto de Autonómia de CLM. Para ello, hay tres «patas esenciales» para dar apoyo a dicha reforma.

 

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La primera pasa por «blindar los derechos sociales» y entre ellos «el agua». El segundo es uno de los temas más reclamados por las distintas regiones: «La reforma de la financiación autonómica», dado que ha cifrado la infrafinanciación de Castilla-La Mancha en 1.100 millones, según los expertos consultados por la formación morada. Lo cierto es que para el líder de Podemos en la región no es posible conseguir el punto uno, blindar los derechos sociales, «si no los podemos sostener», ha afirmado en relación a la financiación autonómica.

El último de los puntos que precisa para dar el apoyo es «una reforma electoral más justa», puesto que «tenemos la peor, más injusta y desproporcionada Ley Electoral de toda Europa», ha aseverado.

Pese a estas pautas, García Molina ha indicado que parece que el asunto «solo interesa a los partidos políticos», ya que que si a los castellano-manchegos se les pregunta sobre qué les parece más importante si «blindar los derechos sociales o la reforma electoral», en su mayoría elegirían la primera opción.

Aún así, ha insistido en que ellos están abiertos a continuar con la negociación. «Desde 2015 está encima de la mesa y todo el tiempo hemos dicho: vamos». En este sentido ha afirmado que «sigue habiendo tiempo y números», porque con las cuentas que se manejan y un posible apoyo de Ciudadanos, PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados, el nuevo Estatuto podría ser aprobado. Eso sí, hay un escollo que dificultaría este consenso: «Poner el agua en el Estatuto bloquearía», ha explicado García Molina.