El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Diputación de Toledo a una sentencia que obligaba al organismo provincial a facilitar unas copias de derechos y contratos de contratación laboral pública en los meses de julio a septiembre de 2015, tras un recurso puesto por el diputado provincial Emilio Bravo y por el entonces diputado Arturo García-Tizón.
En una nota de prensa, el Grupo Popular de la Diputación toledana explica que la condena al gobierno de la Diputación por la denegación de documentación queda ratificada y que, por lo tanto, las costas del caso deben ser amortizadas por el organismo provincial.
Este caso nace tras un recurso que fue presentado por el Grupo Parlamentario Popular (en la oposición) de la Diputación Provincial, tras una presunta denegación de documentación de unos derechos y contratos públicos de 2015. El recurso fue admitido y la sentencia obligaba al gobierno de Álvaro Gutiérrez a facilitar dicha documentación, bajo el amparo constitucional, pero la administración provincial presentó un recurso de amparo con el fin de que se anulara esa sentencia, que ahora ha quedado ratificada.
La información no estaba completa en el Portal de Transparencia
Desde el PP critican que el actual presidente, el socialista Álvaro Gutiérrez «se había negado» a facilitar dichos documentos, algo que -según la sentencia del TSJCM- ocurrió «hasta en seis ocasiones», dado que hubiera constado la entrega de documentaciones al PP toledano. Así, consideran que el alto tribunal regional viene a «tumbar» los argumentos del gobierno socialista y que este es un «nuevo varapalo» al gobierno del PSOE en la Diputación.
En este caso, la sentencia explica que el Portal de Transparencia de la Diputación de Toledo «no contenía información de todo el periodo» que se había solicitado, y que por lo tanto tampoco se podía acceder a los contratos laborales, que deberían haber sido entregado en registro, tras la solicitud presentada.
El Grupo Parlamentario Popular del organismo provincial defiende que se pidió «reiteradamente» la documentación para tratar de constatar «la sospecha de que el Gobierno de Gutiérrez practicaba una política sectaria en la contratación del personal», algo que explican «se constató» una vez que se tuvo acceso a esos contratos, que finalmente fueron concedidos, y de los que se extraía que «más del 20 por 100 eran para personas notoriamente vinculadas al PSOE».
La Diputación defiende su actuación
Por su parte, desde el Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo defienden su actuación y subrayan que «siempre se ha facilitado al PP una copia de los documentos solicitados».
En una nota de prensa remitida a los medios, momentos más tarde a la comunicación del PP, afirman que el secretario general de la Diputación acreditó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo (que llevaba el caso) la entrega en papel de los documentos solicitados.
[ze_summary text=»El Gobierno provincial defiende que se han atendido las peticiones, pero acatan la resolución judicial «]El Gobierno provincial defiende que se han atendido las peticiones, pero acatan la resolución judicial [/ze_summary]Así, explican que «siempre se han atendido las peticiones» formuladas sobre decretos por parte de otras formaciones, aunque muestran «el más absoluto respeto a las sentencias judiciales» que «acatan», aunque «no puede negarse la sorpresa de que la justicia haya negado la validez de los documentos aportados», algo que consideraban que sería «suficiente».
En unos documentos que remiten, y que en su momento fueron presentados al Juzgado, dan fe de que se entregaron en papel aquellas informaciones que pidió el PP a la trabajadora del grupo en la Diputación y actual concejala del Ayuntamiento de Toledo Valle Arcos.
Por otro lado, desde el Gobierno provincial critican que se ha conllevado a «tergiversar la verdad de los hechos» por parte de la bancada «popular» y que son ellos los que tienen que explicar «numerosas irregularidades en la pasada legislatura» dentro del tema de contratación de personal «de manera parcial y sectaria».