El resultado de la Conferencia de Presidentes no es para tirar cohetes: ha servido para ofrecer una imagen de unidad ante los mercados financieros… y poco o nada más.
Si se compara con las reuniones que celebraron los presidentes autonómicos durante la etapa de Zapatero, que fueron rotundos fracasos -con la ayuda del PP, que desde la oposición hizo todo lo posible para que no se alcanzaran acuerdos en ellas, en contra de la postura que han mantenido ahora los tres presidentes regionales socialistas-, hay que decir que la del martes último ha sido un éxito.
Si esta conferencia se analiza pensando en los beneficios que puede tener en la práctica para la ciudadanía, lo que debería ser su objetivo, habría que hablar de éxito muy pero que muy relativo. Pero aquí, como sentencia el sabio refranero español, el que no se consuela es porque no quiere. Y Mariano Rajoy, los ministros y los dirigentes del PP -incluida María Dolores de Cospedal– parece que se han agarrado a ese refrán y por eso han salido exageradamente satisfechos del encuentro de presidentes.
IMAGEN DE UNIDAD
Lo más importante de la reunión, tal vez lo único importante, es que el Gobierno central y los de las comunidades autónomas han aparecido ante los mercados internacionales unidos como una piña en su compromiso de cumplir los objetivos de déficit público que nos ha impuesto la Unión Europea.
Esa imagen de unidad es importante ante Europa para lograr que a España no le cueste tan caro financiar su deuda pública. Pero todos, incluida la presidenta de Castilla-La Mancha, saben que eso no se podrá cumplir, salvo en algunas comunidades, si no es a costa de recortar derechos todavía más a una ciudadanía que ya ha sufrido bastantes recortes pese a no haber provocado la crisis.
Varios presidentes, como el catalán Artur Mas -que ha aparcado por un día sus repentinas y electoralistas ansias de independencia, probablemente porque ha pensado que «la pela es la pela»-, lo han dicho claramente: si las autonomías están obligadas a no superar el límite del déficit público que nos exige la UE, no podrán atender como corresponde las necesidades sanitarias, educativas y de otro tipo de la ciudadanía.
EL GOBIERNO GANA, LAS AUTONOMÍAS PIERDEN
Las comunidades autónomas deben acabar este año con un déficit que no supere el 1,5 por 100 de su Producto Interior Bruto (PIB); el año próximo, ellas no podrán superar el 0,7 por 100 mientras el Gobierno central podrá llegar hasta el 3,8 por 100. ¿Por qué esta gran diferencia? Porque el Gobierno de Rajoy lo ha decidido así.
Por eso, a pesar de la positiva imagen de unidad que ha habido en la reunión, y que es de elogiar, los presidentes autonómicos se han mostrado en desacuerdo con este reparto pero lo han aceptado como ejercicio de responsabilidad ante la difícil situación económica por la que atraviesa España.
Algunos políticos, sobre todo de Izquierda Unida, critican la obsesión del Gobierno por alcanzar esos límites en el déficit público y por situar este objetivo por encima de dar la atención debida a la ciudadanía. El Gobierno central debería pensarlo, si fuera capaz de reflexionar sobre algo que le planteen desde otro partido distinto al suyo, y tal vez encontraría soluciones menos dolorosas para unos ciudadanos ya demasiado doloridos.
Además de esa imagen de unidad por un día, en la declaración final de la conferencia se incluye, a propuesta del socialista José Antonio Griñán, una referencia a la necesidad de adoptar medidas que creen empleo pero sin concretar nada al respecto, porque en unas pocas horas de debate da tiempo a concretar poco. ¿Por qué estas reuniones no irán precedidas de un trabajo concienzudo previo del Gobierno central con las autonomías, para llegar al día del encuentro con el trabajo casi hecho?
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
La presidenta de Castilla-La Mancha repite un día sí y otro también que va a acabar este año con un máximo del 1,5 por 100 de déficit, como exige el Gobierno. Lo que no dice es que para ello tendrá que seguir adoptando recortes y más recortes, además de la disparatada y demagógica decisión de dejar sin sueldo fijo a los diputados autonómicos, lo que impedirá que los ciudadanos que no sean ricos se puedan dedicar a la política y supondrá un ahorro mínimo. Lo dicho… demagogia en estado puro.