Los diputados de Izquierda Unida en la coalición Unidos Podemos del Congreso de los Diputados han pedido que el Tribunal de Cuentas haga un informe de fiscalización sobre los recursos de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), debido a que la comunidad autónoma sigue sin Sindicatura de Cuentas.
La petición se ha formalizado mediante un escrito que registraron el pasado 1 de marzo el portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón y la diputada de IU Eva García Sempere, según ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el portavoz regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo.
Un informe para conocer los recursos que dispone
En el escrito, solicitan a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que recabe de este organismo un informe específico de fiscalización específico sobre los recursos públicos de esta empresa pública, adscrita a la Consejería de Fomento.
También demandan que «en aras de la necesaria exigencia de transparencia en la gestión de los fondos públicos», el informe que haga el Tribunal de Cuentas «debe contener, en particular, información suficiente y detallada sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas con los recursos públicos, su empleo en tareas de mantenimiento y su gestión económico-financiera».
[ze_summary text=»Debido a la desaparición de la Sindicatura, esta acción busca que haya transparencia e información sobre la gestión del sector público»]Debido a la desaparición de la Sindicatura, esta acción busca que haya transparencia e información sobre la gestión del sector público[/ze_summary]Asimismo, justifican la petición en el hecho de que el anterior Gobierno del PP eliminó la institución de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, y señalan que como no ha sido recuperada por el actual Gobierno del PSOE, IU se ve en la necesidad «de recurrir al Tribunal de Cuentas estatal para que vigile la gestión del sector público regional».
Crespo: «No hay una institución en CLM que audite las cuentas públicas»
Por su parte, Crespo ha justificado la iniciativa porque «no hay institución en Castilla-La Mancha que pueda auditar las cuentas públicas» y además, ha criticado la gestión que está haciendo Gicaman, a la que también se hace referencia en el escrito presentado por Garzón y García Sempere en la Cámara Baja.
Los parlamentarios de Unidos Podemos señalan en su escrito que Gicaman cuenta con un presupuesto de alrededor de 44 millones de euros y que gestiona 2.257 viviendas de un total de 95 promociones públicas de Castilla-La Mancha y que en las últimas semanas ha habido un desalojo de 26 familias que habitaban un edificio de la empresa pública en Guadalajara, que tenía riesgo de derrumbe.
Estas familias fueron desalojadas del edificio, construido en 2005, «por las grietas y el riesgo de derrumbe que presentaba», según se indica en la petición de Unidos Podemos.
Quieren saber qué recursos se destinan
Además, se hace referencia a otros problemas similares en edificios de Gicaman de Guadalajara, de Puertollano y de Toledo, que han surgido por la falta de mantenimiento por parte de la empresa pública, que se ha «desentendido» de su gestión, según Crespo.
El coordinador regional de IU ha criticado también que, además de no mantener adecuadamente los edificios, Gicaman se está comportando de forma «cicatera» con las personas que habitan estas viviendas sociales, ante las que se está mostrando «como un pésimo casero».
[ze_summary text=»Problemas en viviendas sociales de Toledo, en un edificio de menos de 10 años que se encuentra deteriorado y sus vecinos reclaman soluciones»]Problemas en viviendas sociales de Toledo, en un edificio de menos de 10 años que se encuentra deteriorado y sus vecinos reclaman soluciones[/ze_summary]Así ocurre en las 148 viviendas sociales que situadas en la calle río Yedra, en Toledo, un edificio que fue construido hace seis años y presenta grietas y un «importante deterioro», según IU.
Dos de los habitantes de las viviendas, Pablo Manuel González y Antonio Llorente, han comparecido en rueda de prensa para informar sobre los múltiples problemas que están sufriendo y que Gicaman no está queriendo solucionar, a pesar de las numerosas ocasiones en las que se lo han solicitado.
Han denunciado que en muchas ocasiones los ascensores no funcionan porque no llega el fluido eléctrico, lo que genera situaciones como que tres personas discapacitadas no pueden salir a de su casa porque está en la quinta planta.
Tampoco funcionan las puertas de los garajes por los mismos motivos, que tienen que permanecer abiertas, lo que genera problemas de inseguridad y de miedo, ya que se da la circunstancia que un trastero se ha habilitado una «narcosala» de la que ya han dado parte a la Policía Nacional, han señalado.