Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del país, reunidos en Albacete, han planteado que haya un «pacto de Estado» para elaborar una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial y también piden una solución a las «carencias presupuestarias» de la Justicia.
Así lo ha dado a conocer, en rueda de prensa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, quien ha explicado que los profundos cambios demográficos, económicos y sociales que han tenido lugar en España «justifican una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial «que permita una redistribución más racional de los órganos judiciales».
El planteamiento que han hecho los presidente de los tribunales superiores para cambiar la Ley de Planta y Demarcación Judicial es que el Pacto de Estado se debería hacer entre el ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades con competencias en materia de Justicia.
Además, consideran que el nuevo modelo debe hacerse «de manera realista» y sin olvidar las peculiaridades y características de cada territorio y «contando con el presupuesto imprescindible para que la nueva organización tenga éxito».
También piden que como paso previo se analice «la especialización de los órganos judiciales».
Por otro lado, han proclamado la necesidad de un CGPJ «que sea el órgano constitucional encargado de velar por la independencia de los jueces y tribunales» y han mostrado su «desacuerdo más absoluto con las iniciativas que tiendan a debilitarlo».
Han exigido también solución a las carencias estructurales, organizativas, tecnológicas y presupuestarias que presenta la Administración de Justicia y han advertido de que esta situación se ha visto «agravada» por una «completa paralización de las inversiones en justicia» por la crisis económica.
Así, han pedido que los órganos del Poder Judicial tengan «autonomía de gasto» que les permita, dentro de los límites presupuestarios, adoptar medidas de refuerzo en los órganos judiciales.
Han reclamado también la «urgente necesidad de modernización tecnológica de la justicia, que pasa por la incorporación del expediente digital y una plataforma común de comunicación en todos los órganos judiciales de España».