Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha pide el «cese inmediato y fulminante» del director general de Salud Pública, Manuel Tordera, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anula el expediente disciplinario y una serie de sanciones impuestas en 2016 a un veterinario que había denunciado una serie de incumplimientos en materia de Bienestar Animal en el matadero de la cárnica Incarlopsa de Tarancón.

En una nota de prensa, CCOO informa de la reciente decisión judicial por la que se deberá «resarcir de los daños y perjuicios» a un veterinario en la empresa cárnica, por parte de la Junta y subrayan que el TSJ-CLM manifiesta que la actuación del director general «entra de lleno en el terreno de la manifiesta arbitrariedad» y que, según aparece en la sentencia, habría demostrado una «complacencia y claudicación frente a los deseos de la empresa cárnica».

Desde el sindicato ponen de relieve que la sentencia viene a reponer la dignidad y derechos del trabajador público y, además, de un delegado sindical de CCOO a quien también se le abrió expediente sancionador, algo que según el juez fue «en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción». Así, a ambos trabajadores se les aparto de sus puestos de trabajo.

Vulneración de derechos fundamentales

La decisión del juez viene motivada por una vulneración de derechos fundamentales, tal y como pone de manifiesto Comisiones Obreras, y explican que el TSJ ha sido muy crítico en su sentencia con la decisión del juez de primera instancia que aprobó la actuación de los altos cargos de la JCCM que estaban «implicados en el asunto».

Esto es lo que dice la sentencia sobre la actuación de la Dirección General de Sanidad: «parece haber actuado a dictado de la sociedad inspeccionada y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos», tal y como comunica el sindicato en la nota de prensa en la que ofrecen algunas partes de la sentencia.

Según CCOO, el propio director general de Salud Pública ya fue «advertido» de la «injusticia y trascendencia» de estos actos, en una reunión que mantuvo el sindicato con Manuel Tordera en 2016.

Denuncias de maltrato animal

Los hechos por los que estos dos veterinarios fueron apartados se consumaron en 2013. Se trata de dos oficiales de Matadero, funcionarios de la escala superior de Sanitarios Locales. Por aquel año comenzaron a levantar unas actas de infracción contra la empresa cárnica Incarlopsa por un presunto incumplimiento del proceso de aturdimiento de los animales «antes de ser sacrificados», según expresa el sindicato.

Esta noticia saltó hace unos días a las redes, tras una exclusiva del periódico Economía Digital, que daba por acreditado -mediante sentencia del Tribunal Superior de CLM- el maltrato animal que denunciaban ambos veterinarios.

CCOO pone en conocimiento el contexto de la nueva decisión judicial que tiene que ver con los veterinarios que, tras sus primeras denuncias, motivaron la realización de una auditoría que, según la sentencia del TSJ-CLM, «puso de manifiesto graves deficiencias estructurales obligando a la adopción de medidas correctoras».

La correspondiente sentencia pone de manifiesto también la situación que rodeaba a los veterinarios, dentro del matadero de la empresa situada en Tarancón (Cuenca). El sindicato explica que los veterinarios expedientados por la Dirección General de Salud Pública de la Junta «siguieron levantando actas» para denunciar ese supuesto maltrato animal, recopilando testimonios de otros veterinarios.

La sentencia del TSJ-CLM evidencia que hubo «cierto problema de Bienestar Animal en el matadero de Incarlopsa», pendiente de que se acabaran -en 2014- las obras de un nuevo matadero. Así, la jefa de servicio en 2016 advertía que las actuaciones de los dos veterinarios expedientados «no son constitutivas de infracciones», según reza la decisión judicial.

«El director general asumió las tesis de la empresa»

Tal y como denuncia el responsable de Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, Ramón González, «el director general -Manuel Tordera- asumió las tesis de la empresa sin más averiguaciones e indagaciones» y, en consecuencia, se abrió el expediente (primero informativo) a ambos funcionarios, tras lo que se les apartó del servicio.

Así, el sindicato cree que se dejó de asumir las actas de unos funcionarios «que ejercieron la potestad inspectora y sancionadora con presunción de veracidad». Tras sendos expedientes, ambos trabajadores públicos estuvieron apartados de su trabajo, por lo que decidieron acudir a los tribunales. Tras esto, desde CCOO retratan un retroceso por parte de la Junta en los procedimientos «porque la nueva planta del matadero ya está abierta» y, por ende, habrían cesado los problemas de Bienestar Animal.

Comisiones denuncia también que mientras que los veterinarios que habían denunciado maltrato animal en Incarlopsa estaban apartados, «una línea de sacrificio de 3.800 animales diarios estuvo funcionando ‘tranquilamente’ durante meses y meses».