Jueces y fiscales de Toledo se han concentrado hoy a las puertas de los juzgados de la capital regional para exigir al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las Cortes Generales una veintena de medidas para la mejora del servicio público que prestan, mejoras que -entre otros aspectos- pasan por la independencia judicial y que también hablan de mayores dotaciones materiales y de personal; modernización de la justicia; y la recuperación de las condiciones laborales modificadas a raíz de la crisis.
En declaraciones a los medios de comunicación, el juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano, -acompañado por el fiscal jefe provincial, Luis Ibáñez– ha puesto de relieve que el acto de hoy es un acto coordinado que se ha producido en otras tantas ciudades españolas y que está convocado por todas las asociaciones de jueces y fiscales. Ha señalado, además, que una vez se agoten los cauces de respuesta de los estamentos a los que han pedido estas demandas, el siguiente paso a dar será un calendario de movilizaciones que culminará en una huelga en el mes de mayo en todo el territorio nacional.
En esta relación de reivindicaciones, Brigidano ha hecho mención en primer lugar a la independencia judicial, algo que pasa por «la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de jueces y magistrados»; por que el CGPJ ampare de forma efectiva a los miembros de la carrera judicial de las intromisiones que hay en su independencia»; la objetivación en el sistema de nombramiento de los altos cargos de acuerdo con un proceso de transparencia debidamente motivado; y la supresión de los magistrados designados por las cámaras autonómicas.
En segundo lugar, los jueces de Castilla-La Mancha y de todo el país han exigido hoy la modernización de la justicia, sobre todo, que haya una inversión para un eficaz servicio público que suponga un incremento de las plantas judiciales y fiscales. En este punto, ha señalado que «Toledo carece de juzgados especializados». Para este colectivo profesional también es básico que se acometa la modernización de los edificios; que haya una digitalización efectiva que facilite el ejercicio de las funciones; y, en definitiva, que puedan contar con los medios necesarios. Ponía el ejemplo de que, debido a esta falta de recursos, la admisión de un informe por un tema de familia tiene una media de retraso de dos años.
Ponía en tela de juicio igualmente que haya una litigiosidad de 126 asuntos así como la paralización en la creación de órganos, con lo que «seguimos sin poder dividir jurisdicciones».
La eliminación de las inscripciones forzosas de la figura de la sustitución y refuerzo que se está haciendo a los jueces en periodo de prácticas; la revisión de la supresión de la figura de los fiscales y jueces en expectativa; la revisión del modelo de oficina; la dotación de medios personales y materiales, especialmente en la lucha contra la corrupción, un tema «especialmente sensible»; y compatibilizar los sistemas de gestión procesal son otras demandas a las que suman las relacionadas con las condiciones profesionales, apartado en el que solicitan la convocatoria de la mesa de retribuciones; la recuperación del nivel salarial perdido en 2010; la modificación de los permisos de paternidad y la conciliación de la vida familiar y laboral; recuperar el régimen de vacaciones perdido en 2012; y la implantación de las cargas máximas de trabajo.
Los fiscales de Toledo, al igual que el resto de España, suman a las peticiones anteriores otras concretas de su gremio. Luis Ibáñez, fiscal jefe provincial, insistía en la derogación inmediata del sistema de plazos que se establece en la instrucción en tanto en cuanto no se doten de medios necesarios. Defienden la paralización de la implantación de la justicia digital, por considerar que no se garantiza su correcto funcionamiento; así como la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; y el refuerzo de la independencia y autonomía, también de tipo presupuestario, del ministerio fiscal.
Unos presupuestos «escasos» para la justicia
Preguntado por el dinero destinado en los Presupuestos Generales del Estado a la Justicia en la provincia de Toledo, Brigidano considera que es una partida «escasa». «Por dar un dato, hay un nuevo edificio previsto para hacer en Talavera y la dotación presupuestaria es de 300.000 euros, 300.000 euros solo para un edificio».