El Tribunal Constitucional, un órgano que no es sospechoso de estar constituido por magistrados de la izquierda más radical contrarios a Mariano Rajoy y su partido, ha propinado un varapalo al Gobierno. Le ha dicho que no puede vetar las iniciativas de la oposición que quiera, simplemente diciendo que modifican lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado, sino que debe demostrar que esa modificación se produce de manera real y directa. Pese a ello, en el PP hay quien afirma que esa sentencia no supone un varapalo y sólo significa que el Ejecutivo tiene que justificar mejor sus vetos.

Dicen que, cuando al torero sevillano Rafael Gómez Ortega, El Gallo, le presentaron a José Ortega y Gasset y le dijeron que era un filósofo, el diestro preguntó qué era eso de filósofo. Le explicaron que es alguien que se dedica a analizar el pensamiento de las personas, para que mejoren su manera de actuar, y el torero afirmó: «Hay gente pa tó».

Otros atribuyen esa frase a los también toreros El Guerra o El Largatijo. Tanto si la dijo El Gallo como si fue uno de los otros dos toreros, la anécdota viene a cuento ahora, porque la sentencia del TC dice lo que dice pero en el PP hay quien la interpreta como si dijera otra cosa. En el PP hay también «hay gente pa tó».

EL GOBIERNO ACOSTUMBRA A VETAR PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN

La Constitución establece, en su artículo 134.6, que el Gobierno debe dar su conformidad para que las Cortes puedan tramitar cualquier proposición que presenten los grupos de la oposición «que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos» previstos en los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno se ha agarrado a ese artículo como a un clavo ardiendo y, en los dos últimos años, ha vetado medio centenar de proposiciones de la oposición, diciendo simplemente que afectan a los Presupuestos Generales pero sin argumentar con datos concretos por qué implicaban un aumento del gasto o una disminución de los ingresos previstos. Y, con la ayuda de Ciudadanos, la Mesa del Congreso ha aceptado el veto del Gobierno en casi todos los casos y ha impedido que esas iniciativas pudieran ser tramitadas.

En 2016, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para que las Cortes suspendieran el calendario previsto para implantar la polémica y muy criticada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como Ley Wert en referencia al exministro José Ignacio Wert.

En esa ocasión, la Mesa del Congreso acordó rechazar el veto del Gobierno a esa propuesta del PSOE y continuar su tramitación, gracias a que Ciudadanos se alineó con PSOE y Unidos Podemos para no aceptar dicho veto.

DECISIÓN UNÁNIME DE LOS 12 MAGISTRADOS DEL TC

El Gobierno recurrió entonces al TC, planteando un conflicto  de atribuciones entre el Ejecutivo y el Congreso que ha sido desestimado ahora por unanimidad de los 12 magistrados que integran ese tribunal.

Los magistrados han dicho que no basta con que el Gobierno afirme que una propuesta de la oposición afecta a los Presupuestos del Estado, sino que «debe justificar de forma explícita» que esa iniciativa -en este caso, la del PSOE para paralizar la implantación de la LOMCE- afecta a los ingresos o gastos presupuestarios «de manera directa e inmediata, actual y no meramente hipotética».

Habrá quien diga que éste es un asunto estrictamente jurídico y que, como sostienen en el PP, de ahora en adelante bastará con que el Gobierno justifique adecuadamente sus vetos para que pueda impedir que se tramiten determinadas iniciativas de la oposición. Pero este caso viene a demostrar que Rajoy y el PP siguen gobernando y actuando en el Congreso, en ocasiones, como si todavía tuvieran la mayoría absoluta que ya perdieron en las elecciones generales, cuando la realidad es que están obligados a pactar con la oposición para sacar adelante las leyes.  Buena prueba de ello son los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se están tramitando ahora -en una situación de normalidad deberían haber sido aprobados en diciembre pasado- y todavía no es seguro que puedan ser aprobados si el PNV mantiene su negativa a votar a favor.

¿Por qué algunos dirigentes del PP se empeñan en intentar forzar las cosas, las dan vueltas y no reconocen la realidad? ¿Por qué no reconocen, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional les acaba de dar un varapalo o que Cristina Cifuentes debe dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, por el escándalo que protagoniza desde hace varias semanas por su polémico máster universitario? Parece que en ese partido «hay gente pa tó», que se empeña en aparecer en esta y en otras columnas y tertulias con más frecuencia de la que sería de desear. Las actuaciones y declaraciones de algunos políticos se ganan por mérito propio el derecho a ser comentadas en los medios de comunicación. Las de personas de otros partidos también, pero últimamente los del PP se empeñan en ser los primeros en esta innecesaria carrera, nada beneficiosa para la ciudadanía.