La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, ha pedido hoy al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que estos pueblos sean tenidos en cuenta «en cualquier acuerdo sobre el agua que se plantee en España».
En una nota de prensa, la asociación ha advertido de que «en un acuerdo intervienen las dos partes, no puede darse uno la mano a sí mismo y después celebrarlo con una palmadita en su otro hombro», en respuesta a las declaraciones que ha hecho Maíllo en Cartagena, en las que ha señalado que el PP ultima un acuerdo sobre el agua «que incluirá trasvases».
Al respecto, los pueblos ribereños han reclamado que se les tenga en cuenta al formalizar acuerdos, y han considerado que «no puede ser que todo el mundo hable de respetar las necesidades de la cuenca cedente y luego sean los beneficiados por el trasvase quienes marquen cuáles son las mismas».
«Ya sabemos que para algunos es normal aprobar las cosas sin presentarse y al señor Maíllo le ha tocado sacarse un posgrado sobre el tema en las últimas semanas, pero a los afectados de la cuenca cedente nos gustaría estar presentes en la toma de decisiones», ha añadido la asociación.
Les gustaría que se les pidiera opinión «y que se respetasen nuestras necesidades reales», ha afirmado el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.
En este sentido, ha aseverado que «nunca se han tomado la molestia en analizar todo el perjuicio que nos ha causado a los municipios ribereños el trasvase» y ha puntualizado que «ahora disponen de un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha para estudiárselo».
Pérez Torrecilla ha apuntado que «los principales afectados de la cuenca cedente somos precisamente los únicos que no tenemos voz ni voto en la toma de decisiones».
Y ha lamentado que «los trasvases se aprueban automáticamente en base a los intereses de los regantes» del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) «sin tener en cuenta al río Tajo».
En este contexto, los ribereños han exigido al Gobierno y a los partidos políticos «una fiscalización de las políticas hídricas del Levante antes de aprobar nuevos acuerdos y trasvases».
«Queremos que expliquen a todos los españoles por qué cada vez necesitan más agua, cuántas hectáreas de regadío tenían al comienzo del trasvase, cuántas tienen ahora y por qué se han ido legalizando», ha comentado Pérez Torrecilla, que ha reiterado: «Si alguien quiere llegar a un acuerdo, que sea realmente entre las dos partes».