La portavoz de Agricultura del PSOE castellanomanchego, Blanca Fernández, ha denunciado hoy «la subida brutal de tasas» al sector cinegético que el Gobierno regional ha incluido en los presupuestos de la Junta para 2013, lo que ha tachado de «verdadero impuesto revolucionario».
Fernández, en rueda de prensa en Toledo, ha advertido de que esas tasas ponen en peligro «miles de cotos y miles de empleos directos e indirectos en nuestra comunidad autónoma».
La parlamentaria socialista ha explicado que los presupuestos de la Junta para 2013 contemplan unos ingresos por tasas a la caza superiores a los 16 millones de euros.
Según sus cálculos, eso se traduce «en el cobro de 2 ó 3 euros por hectárea a las cotos de caza de Castilla-La Mancha», por lo que, dado que el coto medio en la comunidad «cuenta con unas 10.000 hectáreas, Cospedal quiere cobrar entre 20.000 y 30.000 euros más por coto el año que viene».
La diputada socialista ha indicado que esas cifras «hacen imposible la sostenibilidad del 95 por ciento de los cotos, que tienen unos costes fijos anuales de 50.000 euros y son sociedades sin ánimo de lucro, gestionadas por los propios cazadores, que no dan beneficios y que no podrán asumir que, de un año para otro, se duplique el dinero que necesitan simplemente para seguir con la actividad».
En concreto, más de 5.400 de los 5.700 cotos que existen en Castilla-La Mancha se explotan bajo la fórmula de gestión directa de sociedades de cazadores, ha detallado la parlamentaria.
«No dan beneficios, pero sí dan muchos empleos directos y muchos jornales, 6.500 y más de un millón y medio de jornales, y ayudan a fijar la población al medio rural», ha añadido.
Fernández ha recalcado que la mayor parte de esos cotos no dan beneficios, por lo que, si tienen que pagar «casi el doble en tasas», el coto no se podrá mantener o se mantendrá «sin ningún tipo de garantía: sin guarda, sin personal que planifique la caza y el mantenimiento de las especies».
La parlamentaria socialista ha propuesto al Gobierno que retire la subida de tasas y las negocie con el sector en el marco de la futura Ley de Caza, que retome la línea de ayudas a la caza que contemplaba el anterior Gobierno con el Plan de Desarrollo Rural y que negocie ayudas medioambientales al sector en la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC).