En el marco de la operación «Sumatra» desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, un operativo policial está realizando en el día de hoy detenciones, entradas y registros en domicilios particulares y sedes sociales de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona contra una organización compuesta por ciudadanos chinos implicados, supuestamente, en delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Gracias a estas actuaciones se ha destapado un fraude de siete millones de euros mediante la comercialización de productos electrónicos procedentes de China.
Según informa la Dirección General de la Policía en un comunicado de prensa, la operación se inició a mediados de 2017 por una denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF central) de la Comisaría General de Policía Judicial. Posteriormente la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria se unió a la investigación una vez abiertas las diligencias previas por el juzgado.
La investigación está centrada en el estudio de una organización dedicada a la importación de mercancías procedentes de China, con destino a España, minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública tanto en los derechos de importación, en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.
La organización, que controla tanto la producción en China como la posterior comercialización de los productos en Europa, está especializada en el sector de la electrónica (pilas, accesorios para móviles, etc.) e iluminación (LED, halógenos, tubos fluorescentes, etc.), comercializando muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas físicas como virtuales.
[ze_summary text=»Los detenidos vendrían operando al menos desde el año 2013″]Los detenidos vendrían operando al menos desde el año 2013[/ze_summary]Los detenidos vendrían operando al menos desde el año 2013, utilizando para ello distintas empresas. Durante la investigación se ha detectado la existencia de ventas ocultas para las que la organización dispone de una red de comerciales distribuidos por la geografía española que se encargan de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapa del control de la Hacienda Pública.
Los delitos investigados son contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La cuantificación del fraude estimado desde el año 2013 hasta el año 2017 asciende a casi siete millones de euros.
En dicho operativo participan agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la ONIF de la Agencia Tributaria de las dependencias de inspección de Valencia, Alicante, Toledo y Barcelona.