El pensionista de Almoguera (Guadalajara) Isidro Villalba está pendiente de que el juzgado anule la orden de desahucio que pesa sobre él por una deuda de 2.600 euros en su hipoteca que nunca le fue notificada y que podría haber subsanado con el plan de pensiones que tiene en la misma entidad acreedora.
La entidad bancaria, Ibercaja, ha solicitado formalmente la anulación del desahucio, previsto para el próximo lunes, con lo que Villalba confía en que finalmente no pierda su vivienda, según ha informado a Efe su abogada, Carolina Borreguero.
Borreguero ha explicado que en el proceso de desahucio se han cometido varias irregularidades, la primera de las cuales ha sido la falta de notificación directa al afectado, a la sazón dueño de la vivienda, de la que todavía tiene pendiente casi 20.000 euros de hipoteca.
Según ha relatado, los problemas de Isidro comenzaron con el fallecimiento de su mujer, en 2005, con la que compartía la hipoteca de su vivienda, así como un seguro de vida con el que se hubiera cubierto el capital pendiente del préstamo hipotecario y que «ahora la entidad financiera no reconoce».
En aquel momento, Isidro, que ha trabajado toda su vida en el campo y que es analfabeto, delegó en su hijo -«una persona que mentalmente no está bien», según la letrada- los asuntos administrativos y comenzaron los retrasos en el pago de la hipoteca, que nunca fueron notificados al titular de la misma.
En total, la deuda que mantiene por atrasos en el pago de la hipoteca es de 2.600 euros, una cantidad que podría haber subsanado de inmediato, puesto que tiene un plan de pensiones de 10.000 euros con la entidad bancaria.
La citada entidad, Ibercaja, ha pedido al juzgado por escrito la anulación del desahucio y ha ofrecido al afectado dos opciones para recuperar su vivienda, según han confirmado a Efe fuentes de Ibercaja.
Estas dos opciones son la recompra del inmueble, tasado en 41.000 euros, 6.000 más que cuando fue comprada; o un alquiler con opción a compra que, a juicio de la letrada de Villalba, no parece posible, puesto que es un pensionista de 60 años con pocas probabilidades de acceder a financiación.
Por si esto fuera poco, Borreguero ha asegurado que, a pesar de la buena disposición mostrada por el banco, la inmobiliaria que posee ahora la vivienda -y que está participada en un cien por cien por Ibercaja- «no se presta a rebajar» el precio, cuya tasación actual la abogada ha puesto en duda.
El pensionista lo que quiere es que no se ejecute el desahucio, poder negociar con el banco para pagar la deuda atrasada de 2.600 euros y seguir pagando lo que le queda pendiente de hipoteca, que es de 19.500 euros.