La portavoz del PSOE en la Diputación de Guadalajara y ex presidenta de esta institución, María Antonia Pérez-León, ha asegurado que el actual equipo de Gobierno no podrá cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que obliga a los anteriores altos cargos y personal de libre elección a devolver parte de sus retribuciones.
En dicha sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal estima parcialmente un recurso interpuesto por el PP contra el acuerdo del Pleno de la Diputación del 6 de marzo de 2008 y anula únicamente el punto relativo a los incrementos retributivos fijado para todos los puestos de personal eventual de la institución, al considerar «ilegal» la subida de sueldo efectuada por la entonces presidenta de la corporación provincial.
A este respecto, Pérez-León ha asegurado que respeta pero no comparte el texto jurídico, al que ha calificado como un «despropósito».
Y ha asegurado que no se podrá cumplir con el mandato de devolución de parte de las retribuciones que ordena la sentencia, porque, en la práctica, el personal eventual y los altos cargos afectados -el jefe de Gabinete y el de Prensa, entre otros- «cobraron lo mismo antes y después de que se aprobaran los incrementos retributivos».
Esto se debe, según ha explicado, a que estos altos cargos entraron en la Diputación con el nuevo equipo de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2007, pero su sueldo no se fijó en el Presupuesto de la corporación hasta 2008, por lo que, en la práctica, «no existió tal incremento».
La ex presidenta de la Diputación ha subrayado también que, en lo que respecta al sueldo del personal eventual, «no hubo ningún aumento distinto al del resto del personal funcionario».
Además, ha recordado que las retribuciones recurridas por el PP fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos y ha justificado el resultado de la sentencia en que el nuevo equipo de Gobierno popular «no se ha debido emplear mucho en la defensa».
Así, ha destacado que, aunque la sentencia estima parte de las pretensiones del PP, el voto particular emitido por el presidente del TSJC-M disiente de las conclusiones de sus compañeros.
«Las sentencias hay que acatarlas, pero habrá que ver qué hace ahora la Diputación cuando compare las nóminas de los afectados», ha concluido Pérez-León.
La ex presidenta de la Diputación de Guadalajara ha criticado, por último, la «mala fe» con la que ha actuado el actual gobierno provincial, «porque conocía la sentencia desde el 21 de julio -ha dicho- y no la había notificado a ninguno de los afectados».