La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha anunciado hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha dado el visto bueno a la aprobación del anteproyecto de ley para proceder a la derogación de la actual Ley de la Viña y el Vino de la comunidad autónoma.
A la espera del correspondiente trámite parlamentario para su anulación definitiva, la derogación se produce, según Soriano, para eliminar «la ley más restrictiva que hay sobre el sector en España, una ley que restaba competitividad al sector vitivinícola de la región que, además, tiene el mayor viñedo del mundo».
Una ley que fue aprobada en 2003 durante el mandato socialista «y que combinaba una burocracia muy complicada y le ponía muchas trabas al sector del vino. Con esta derogación, el Gobierno cumple con el compromiso que tenía con los viticultores de la comunidad autónoma».
«ESTA LEY TIENE LAS SANCIONES MÁS DURAS DE TODO EL PAÍS»
La consejera ha destacado que con la derogación de esta ley se dará un gran paso en, por ejemplo, el tema de las sanciones que contemplaba, porque «en Castilla-La Mancha las sanciones eran 10 veces más que en cualquier otro lugar del país». O, lo que es lo mismo, «si en otros lugares una sanción era de 300.000 euros en esta comunidad autónoma, la misma sanción era de nada menos que tres millones de euros».
También se eliminará el que los afectados denominaron «el impuesto del vino», que les obligaba a aportar fondos para la promoción del producto. «Pero ahora cada cooperativa o bodega decidirá con total libertad lo que quiera hacer con su dinero».
Con la derogación de la ley, Soriano se ha mostrado convencida de que mejorará la rentabilidad de nuestros viticultores, se simplificará los trámites ante la administración e igualmente la burocracia. Y, ha aclarado la consejera, «es una derogación consensuada para defender el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha».