La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Magdalena Valerio, ha afirmado hoy que los efectos de la privatización del agua se resumen en que “Román está permitiendo que la empresa adjudicataria no cumpla su obligación de invertir 10 millones de euros en obras en la ciudad, tampoco le está exigiendo que pague el millón de euros que debe ya por el canon variable del agua y, encima, los ciudadanos van a tener que pagar a esa misma empresa los 15 millones de euros, con intereses, que anticipó al Ayuntamiento por el canon fijo de adjudicación en 2009”.
Para el PSOE, las sentencias judiciales que desestiman los recursos presentados en su momento contra el procedimiento de adjudicación de la gestión privada del agua en Guadalajara –uno por el Grupo Socialista, otro por el Grupo de Izquierda Unida y otro por una empresa que optaba a obtener el contrato- no cambian en nada los resultados que la operación está teniendo para los vecinos y para el Ayuntamiento de Guadalajara.
Más contundente aún se ha mostrado Daniel Jiménez, viceportavoz del Grupo Socialista, quien ha afirmado que “Román está siendo incapaz desde 2009 de hacer que Guadalagua pague a los vecinos de Guadalajara los más de 11 millones que les debe, y precisamente por ese agujero que el alcalde está permitiendo los ciudadanos tenemos que pagar un 22 por 100 más de IBI y más impuestos de todo tipo, porque Román está cuadrando las cuentas con los ciudadanos y no con la empresa que gestiona el agua”.
En cuanto al contenido de la sentencia desestimatoria del recurso presentado en 2009 por el Grupo Socialista contra el procedimiento de privatización del agua, Magdalena Valerio ha señalado que “la acata sin compartir sus fundamentos, y si no se va a recurrir es por falta de recursos económicos para seguir adelante con un recurso de apelación que tendría que presentarse ante la misma jueza que ha dictado la actual resolución”.
De los puntos fundamentales en los que se basaba el recurso desestimado al Grupo Socialista, uno tenía que ver con la intervención directa en el procedimiento de un técnico municipal que a su vez tenía relación laboral con la empresa que finalmente resultó adjudicataria de la gestión privada del agua.
Tal como ha recordado Valerio, “el propio Román se vio obligado a retirar a ese técnico del procedimiento tras ser recusado por otra empresa concurrente y anular el informe de valoración que había firmado, pero posteriormente se emitió un segundo informe exactamente igual al primero, firmado por otro técnico del que también se había solicitado su recusación por los mismos motivos, y además ese segundo informe se firmó después de haberse abierto las ofertas económicas presentadas”. La sentencia judicial califica el hecho de “irregularidad formal”, aunque no la considera suficiente para anular todo el proceso.
«OBRAS QUE NO TENÍAN QUE VER CON EL CICLO DEL AGUA»
Por otra parte, el recurso del Grupo Socialista también indicaba «que el equipo de Gobierno de Román estaba privatizando el agua por un periodo de 25 años para conseguir 15 millones de euros correspondientes al canon fijo del contrato, con los que pretendía hacer obras que nada tenían que ver con el ciclo integral del agua, pese a que la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha obligaba a que ese dinero se destinara exclusivamente a este tipo de actuaciones», ha añadido.
Según la sentencia, el juzgado no tenía elementos de juicio en ese momento para determinar si se iba a cumplir o no esa obligación legal, pero “la realidad muestra que ese dinero se ha gastado en pavimentación y farolas del centro de Guadalajara, y sin embargo no se han acometido ni se están acometiendo obras importantes en la red de colectores y saneamiento, y el mejor ejemplo es lo que no se va a hacer en la obra de la calle Francisco Aritio”, ha subrayado Valerio.
Sobre el hecho de que ese canon fijo de 15 millones se pagara al inicio de la concesión y no a lo largo de los 25 años del contrato, lo que a juicio del Grupo Socialista constituía un préstamo encubierto de la empresa al Ayuntamiento de Guadalajara, la sentencia dice que no había ninguna prescripción legal que lo impidiera. Pero “eso ha supuesto que el Ayuntamiento va a tener que devolver esos 15 millones de euros a Guadalagua, con intereses, durante los 25 años que dura la privatización del agua”, ha resaltado la portavoz socialista.
Por todo ello, Magdalena Valerio ha insistido en que el PSOE “acata la sentencia porque no le queda más remedio, pero no comparte ninguno de sus fundamentos jurídicos y considera que Román y su equipo de Gobierno adoptaron una decisión ilegal”.