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26/10/2012junio 13th, 2017

Las Cortes de Castilla-La Mancha cerraron el ejercicio 2011 con un remanente de tesorería de 4,4 millones de euros, de los que 1,06 millones han quedado a disposición de la Cámara para financiar gastos generales de este año.

Así consta en el informe de la Mesa de la Cámara sobre la liquidación del presupuesto de las Cortes correspondiente al año 2011, que inicialmente fue de 12.162.000 euros y se amplió a 16.169.529 euros mediante modificaciones de crédito, gracias al remanente de tesorería del año anterior.


El informe, leído por la secretaria primera de la Mesa, Inmaculada López, indica que los gastos ejecutados sumaron 13,13 millones de euros, con lo que el presupuesto se ha ejecutado al 81,25 por ciento, mientras que se han recaudado 12,4 millones en el capítulo de ingresos, es decir, se ha ejecutado en un 97,85 por ciento.

El 55 por ciento del estado de gastos fue destinado a pagar al capítulo de personal, para el que se presupuestaron 9 millones de euros y se ejecutaron 7,2 millones.

Otros 3,5 millones de euros fueron consignados a la partida de gastos corrientes y servicios, lo que supone un grado de ejecución del 89,51 por 100.

En este apartado, el informe señala como partidas más significativas cuantitativamente, las indemnizaciones a parlamentarios, trabajos realizados por otras empresas, gastos diversos, comunicaciones, suministros, arrendamientos de maquinaria e instalaciones y vehículos y reparación y conservación de equipos informáticos.

El remanente de tesorería ha sido de 4,4 millones de euros, de los que 3,03 millones irán destinados a financiar la incorporación de remanentes de crédito a los presupuestos de 2012 y el resto (1,06 millones de euros) podrá destinarse a financiar gastos generales.

Además, en 2011 se llevó a cabo la supresión de la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-la Mancha, que tuvo un crédito de 2,75 millones de euros, lo que supuso un 17,01 por 100 del presupuesto de la cámara.

En este caso, se han reconocido unos gastos que suman 2,3 millones de euros, lo que supone un grado de cumplimiento del 84,2 por ciento. 

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