Los padres de Cristina Martín de la Sierra, la chica de 13 años asesinada por una compañera de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), van a interponer un recurso al Tribunal Supremo (TS) después de que el Gobierno les haya negado una indemnización por la muerte de su hija.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa María Ponte, la abogada de la familia, que ha explicado que el Consejo de Ministros ha informado a los padres de que rechaza la indemnización y que el Estado con esta medida no incumple la normativa comunitaria en la ley de ayuda a víctimas de delitos violentos.
«Los padres de Cristina y de cualquier menor asesinado no tienen derecho más que a los pagos del entierro de su hijo», ha señalado Ponte en compañía de Francisco y Pilar, los padres de la menor asesinada.
La familia de Cristina presentó al Consejo de Ministros una reclamación porque consideran que el Estado no cumple la legislación comunitaria en materia de protección de víctimas de delitos violentos.
En opinión de la abogada, las familias de los menores víctimas de delitos violentos en España «están olvidadas y mal protegidas», ya que la ley no prevé indemnizaciones ni ayuda psicológica por parte del Estado para ellas y solo contempla la ayuda cuando el fallecido genera ingresos en la unidad familiar.
La letrada María Ponte ha señalado que es «injusto» que los padres de menores asesinados no tengan cobertura cuando se trata de delitos violentos y en cambio si la tienen por accidentes de circulación, atentados terroristas o accidentes de construcción.
Ponte ha apelado al Supremo a que atienda a las posibilidades económicas de la familia en la que el único ingreso proviene del padre, «que tiene que sostener a tres hijos, uno de ellos discapacitado, y su mujer».
Y ha manifestado su esperanza en que el recuso contencioso administrativo se tramite lo antes posible, si bien la media de resolución es de dos años.
Por su parte, el padre de la víctima ha subrayado que acuden al Supremo para «ser escuchados» y que él y su mujer están «completamente desamparados».
Francisco Martín ha recordado además que el Juzgado de Menores de Toledo les otorgó una indemnización de 300.000 euros, la máxima cantidad que pedían sus progenitores, aunque por el momento no han recibido «ni un solo euro» porque la familia de la acusada se ha declarado insolvente.
Más crítico con la respuesta del Gobierno ha sido el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV), José Miguel Ayllón, que está apoyando a los padres en esta causa, y que ha denunciado el «olvido» de los padres por parte del Estado tanto económicamente como moralmente.
Según Ayllón, el Estado tiene la misma responsabilidad y obligación de recuperar a los padres de una víctima, ya sea por un delito común como por un atentado terrorista.
«Los padres tienen mucho problemas grandes que se pueden traducir en problemas económicos, ya que muchos pierden el trabajo y además la mayoría necesitan apoyo psicológico», ha mencionado el presidente de ANVDV.
Y ha citado otros casos como el de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, o Almudena (El Salobral-Albacete), en los que los padres tampoco van a recibir ninguna ayuda, como sucede con la familia de Cristina, porque «no se depende económicamente de esos hijos».