El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, ha avanzado que la intención del Gobierno regional es convocar oposiciones en Infantil y Primaria «probablemente en julio» e intentar que la convocatoria sea simultánea a la de otras regiones. Marín, que ha asistido a las I Jornadas sobre el Maltrato Infantil y Juvenil en el ámbito educativo celebradas en Guadalajara, ha explicado en declaraciones a los periodistas que el asunto de las oposiciones se verá en la reunión con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y los consejeros de las comunidades autónomas para debatir el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
En este sentido, ha apuntado que el objetivo del Gobierno regional es conseguir un acuerdo para que las comunidades autónomas puedan convocar oposiciones a la vez y así dar más oportunidades a los opositores para que puedan trabajar en sus regiones de origen.
Y, de hecho, ha avanzado que la idea del Gobierno regional es convocar oposiciones en Infantil y Primaria «probablemente en julio», para que los profesores puedan formar parte de los tribunales.
Con respecto al número de plazas, ha puntualizado que va marcado por ley -10 por 100 de la tasa de reposición-, aunque ha indicado que se intenta negociar con el Ministerio de Educación para llegar a las 200 plazas.
Por otro lado, Marín ha comentado que la reunión de hoy con el ministro es «una buena oportunidad» para que todas las comunidades autónomas se den cuenta de que «hay que sumar, en vez de restar».
Y ha considerado «necesaria» una nueva ley de educación que nazca con el mayor consenso y que palíe «el problema de fracaso escolar que tiene España», ha dicho.
A este respecto, ha apostillado que «Castilla-La Mancha es un alumno aventajado» de la nueva ley, porque los principales objetivos que contempla «ya se han transformado a nivel regional».
Ha puesto como ejemplo la apuesta por la reducción del fracaso escolar, por las nuevas tecnologías y contenidos digitales para profesores y alumnos, por el aprendizaje de lenguas extranjeras, por la ayuda a la compatibilización de las enseñanzas y el trabajo en las empresas, así como por la puesta en marcha del Estatuto del Docente no Universitario.
En este sentido Marín ha indicado que Castilla-La Mancha «tiene mucho terreno ganado» en la Lomce, que será «una ley paraguas y que contempla la realización de pruebas de evaluación al final de cada etapa educativa no universitaria, que tendrán que superarse para obtener los títulos de graduado en Secundaria Obligatoria (ESO) y de bachiller».
A este respecto Marín ha opinado que «hasta ahora a la Universidad se iba a ciegas», por lo que ve «con buenos ojos» que haya una evaluación tras cada etapa «para orientar al alumno».
ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UAP
Por otra parte, Marcial Marín, ha anunciado que el próximo mes de noviembre se pondrá en marcha la nueva Unidad de Apoyo al Profesorado (UAP), encargada de asesorar, informar y proteger al docente cuando sea víctima de acoso o maltrato en el desempeño de su trabajo. Esta nueva unidad será una oficina exclusiva dentro de la Consejería de Educación y, además de asesorar al docente ante un posible caso de maltrato, realizará labores continuas de información, cursos, actividades y acciones similares.
El consejero ha destacado que el Gobierno está “plenamente implicado en la lucha contra el acoso y la violencia en las aulas”.
Precisamente en este contexto, el consejero ha anunciado el nacimiento de la UAP como “una nueva unidad administrativa, con plena capacidad y a pleno rendimiento, como instrumento para que los docentes puedan pedir ayuda y asesoramiento ante un hipotético caso de acoso”, además de un lugar “donde una serie de profesionales podrán orientarle y ayudarle”. Esta unidad contará, asimismo, con un teléfono de apoyo al docente que estará a disposición del profesorado todos los días del año.
FUNCIONES DE LA UAP
-Atender y asesorar a los docentes que soliciten sus servicios cuando se encuentren afectados por situaciones de conflicto escolar.
-Poner en conocimiento de los docentes las acciones concretas que pueden emprender.
-Proteger y apoyar a los docentes, víctimas de conductas contrarias a la convivencia.
-Coordinar actuaciones con el Servicio de Atención de Urgencia 1-1-2 (SAU 112), para dar respuesta rápida y eficaz ante las conductas infractoras de las que el profesorado sea víctima.
-Registrar los informes del SAU 1-1-2 en relación con el protocolo operativo entre la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la atención de urgencias a través del centro 1-1-2, en el marco de actuaciones para la defensa del profesorado en Castilla- La Mancha.
-Recoger datos significativos de los afectados y de la situación en la que se encuentran.
-Evaluar el grado de conflictividad, para contribuir a resolver las situaciones que se presenten y tratar de evitar conflictos futuros.
-Elaborar una base de datos, a efectos estadísticos.
-Trasladar a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previa solicitud por escrito del docente afectado, aquellos casos cuyas características requieran asesoramiento o defensa jurídica.
Según Marín, “la prevención ante los casos de acoso y la solución a estos problemas son labores que han de llevarse a cabo de forma conjunta, sin fisuras y con plena transparencia por parte de todos los observadores. Por ello, es fundamental la estrecha colaboración entre las diferentes administraciones para luchar, evitar y reducir cualquier indicio de maltrato, acoso o violencia en el ámbito educativo o familiar”.
“Es necesario establecer todos los cauces y medidas necesarias para tratar de erradicar cualquier actitud que pueda suponer para niños, jóvenes y docentes una amenaza contra su integridad física, psíquica o moral”, ha añadido el consejero.
Precisamente, y en referencia a los menores, el consejero ha asegurado que “en una sociedad moderna y desarrollada es fundamental que se preserven y se protejan los derechos de los más débiles”.