Castilla-La Mancha atraviesa uno de los momentos económicos más delicados de los últimos 50 años, derivados en parte por la crítica situación financiera nacional e internacional y, especialmente, por casi tres décadas de poder del Partido Socialista, que ha dejado en la ruina a la región.
Por ello, las políticas del Gobierno de María Dolores Cospedal se centran en pagar las deudas heredadas de la etapa anterior y en la optimización de los recursos públicos. El fin es sanear las cuentas públicas, para que los ciudadanos asuman el menor coste posible dentro de las circunstancias. Para ello, todos debemos hacer un esfuerzo y arrimar el hombro.
Pero son los sindicatos -precisamente aquellos que deberían defender los derechos de los trabajadores- los que ponen mayores impedimentos y continuos palos en las ruedas. Son, hay que recordarlo, los mismos que han callado cuando el PSOE despilfarraba dinero público; los mismos que han obtenido a cambio muchas prebendas a costa de sobredimensionar el sector público; y los mismos que ahora pretenden mantener los privilegios de unos pocos a costa del conjunto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Cuando se les ofrece colaborar, como ocurre en el sector de la sanidad, se niegan en rotundo a ser parte de la solución, y cuando se les pide una mínima altura de miras se cierran en banda a cualquier acuerdo con el Gobierno del Partido Popular. Anteponen, de esta forma, sus intereses particulares a los de los propios trabajadores.
El último ejemplo de esta actitud lo estamos viviendo en la Empresa Pública de Gestión Ambiental GEACAM, que arrastra una deuda superior a los 93 millones de euros, 15.000 millones de las antiguas pesetas, que ahora tienen que asumir como propia los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Es una deuda que habría llevado a la quiebra a cualquier empresa, pero los sindicatos -que callaron ante el despilfarro continuado- pretenden obviarla, como si apenas tuviera importancia.
Además, se permiten la frivolidad de rechazar un acuerdo más que generoso, en el que no se perdía ni un solo puesto de trabajo y que la plantilla había apoyado de forma mayoritaria. Su rechazo a cualquier acuerdo con el Gobierno del PP se ha impuesto a la protección de los trabajadores y al interés general.
Cada mes que pasa sin alcanzar un acuerdo, la empresa asume un coste de 3,6 millones de euros, que se suma a la deuda actual. Dinero que pagan una vez más los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Por ello, hay que decir basta y pedir dimisiones en el ámbito sindical de esta región, por la incapacidad que han demostrado para cumplir con el cometido que se les atribuye.
El futuro es complicado e incierto para GEACAM y para sus trabajadores, y es absolutamente necesario equilibrar sus cuentas porque, de lo contrario, la propia existencia de la empresa será la que se ponga en peligro. Y eso debe hacerse incluso sin la colaboración de CCOO y UGT que, tras tantos meses de negociación, siguen paralizando cualquier acuerdo. Algún día tendrán que dar cuenta de su nefasto papel. Pero, mientras tanto, el Gobierno no puede dejar de hacer el suyo, que no es otro que mirar por los intereses generales.