El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa la aprobación del anteproyecto, en Consejo de Gobierno, de la que pretende ser la nueva ley de derechos de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha. La ley tiene el fin de proteger los derechos de todos los consumidores de bienes y servicios, teniendo en cuenta el nuevo contexto social en el que estas actividades cada vez se realizan más por internet, aunque está basada en los postulados de la anterior ley aún vigente sobre ese asunto, el Estatuto del consumidor de Castilla-La Mancha, que data de 2005.
Sin embargo, las dos cuestiones fundamentales que han demorado dos años la redacción y tramitación de la norma han sido proveerla de dotación económica y adaptarla a la normativa europea e internacional que ha cambiado en estos años. Fernández ha detallado que se han presupuestado 100.000 euros aunque tendrán que ser aprobados o no por las asociaciones de consumidores que han estado implicadas en la redacción del documento, el cual se encuentra desde hoy en el órgano consultivo y según la consejería estará aprobada antes de que acabe la legislatura.
Algunas de ellas han sido Cecam, Cermi, Hostelería, el Instituto de la Mujer de CLM, Gas Natural Fenosa, la Dirección Provincial de Guadalajara de Sanidad y la Unidad de Coordinación de Estrategia Económica.
Actualizaciones en los derechos de las personas consumidoras
Entre los aspectos que se van a ver actualizados en la ley destacan: la responsabilidad por productos defectuosos, la seguridad en los sistemas de pago y comercialización a distancia de servicios financieros, pensiones, seguros e inversiones, las ventas a domicilio, el comercio electrónico y cláusulas abusivas en los contratos.
El consejero ha asegurado también que «ahora que somos nosotros -el Gobierno de Castilla-La Mancha- los representantes de consumo en la comisión europea vamos a aprovechar para tratar algunos asuntos nuevos a los que se refiere esta ley» y que con esta norma se profundiza en posibilitar el ejercicio de manera real y efectiva de las competencias de la comunidad autónoma en materia de consumo.