La Intersindical (STE-STAS) de Castilla-La Mancha (STE) ha aprobado, por unanimidad, secundar la huelga general «no solo laboral, sino social, ciudadana, política y de consumo» del próximo día 14, han confirmado en rueda de prensa sus responsables de educación, Laura Torres, y de funcionariado, Gustavo Fabra.
Al creciente deterioro de las condiciones laborales, ha explicado Torres, se suman las sociales «con una perdida creciente de derechos y libertades» y políticas «con los recortes», que están derivando en una «estafa monumental» que, a su juicio, «debería tener consecuencias penales para sus responsables».
En el área educativa, ha lamentado «el grave deterioro de la calidad» por la masificación en las aulas, los recortes brutales de plantilla, con más de 5.000 puestos de trabajo destruidos este curso -una media del 20 por 100 en cada centro escolar-, la precariedad laboral, con más jornadas parciales, y la reducción de salarios.
«Encima, ahora llega la contrarreforma educativa» con la Ley de Mejora de la Calidad Educativa que «viene impuesta, porque no ha habido diálogo» e incluye desplazamientos forzosos, despidos y contratos sin respetar la lista de interinos, como tampoco los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Además, ha añadido, «se consagra la segregación por sexos, se acaba con materias como música, plástica y tecnología, y se generaliza la reválida externa por empresas privadas».
Torres ha citado, como último novedad negativa, la modificación por parte de la Consejería, la semana pasada, de los criterios para variar las plantillas de los centros educativos que «perpetúan los recortes que se están anunciado como temporales» y que, ha concluido, supone que «la escuela pública esta en grave peligro».
Gustavo Fabra ha ampliado que la huelga del día 14 «es distinta» porque la movilización se extiende a países del sur de Europa y cuenta con el apoyo «no solo de los sindicatos mayoritarios, sino de muchas organizaciones sociales y asociativas que ven necesario salir a la calle y dar contestación a una política de recortes salvajes».
La huelga, ha razonado, «es una escala» más dentro de las huelgas de febrero y marzo del año pasado «y confiamos un avance tanto cuantitativo como cualitativo».
Ha confirmado que, como paso previo, el viernes se producirá una concentración a las puertas de la sede de la consejería de Administraciones Públicas, a las 14.30 horas, «para hacer visible a todos que participamos activamente en esta huelga» que, ha creído, «no es una opción, sino una necesidad».
Gustavo Fabra, por último, ha advertido al Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, que «no permitiremos coacciones ni intentos de amedrantar» por medio de las multas que se impusieron en las movilizaciones de este pasado verano.
Unas multas, ha confirmado, que se han recurrido para que «nadie tenga que pagar un solo euro por un derecho democrático, en defensa de los servicios públicos y los puestos laborales».