La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha denunciado hoy que 55 administraciones, entre ellas la Consejería de Empleo y varios ayuntamientos de Castilla-La Mancha, no han contestado a los requerimientos de esta institución y ha avanzado que lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.
En concreto, según fuentes de la institución, entre las administraciones que no han contestado tras el tercer requerimiento están los ayuntamientos de Ciudad Real y Guadalajara.
También están los ayuntamientos de Alzira (en relación a reclamaciones por suministro de luz y contaminación acústica) y de San Fernando de Henares (por un procedimiento de responsabilidad patrimonial, entre otras cuestiones).
También figuran los ayuntamientos de Torredembarra, Galapagar, Langreo, Llanes, San Pedro del Pinatar, Estepona, Parla, Almendralejo, Barbate, Burgos, Candeleda, San Bartolomé de Tirajana, Almuñécar, Pallejà, Leganés, Badajoz, Algete, Sanlúcar de Barrameda y Arganda del Rey.
Otros son el de Castro Urdiales, Arrecife, Águilas, Alboraya, Oliva, Guadalajara, Tres Cantos, Burjassot, Lugo, Logroño, Mijas, Puerto de la Cruz, Denia, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, Torrejón de Ardoz, Alhaurín el Grande, Granadilla de Abona y Granada (ante las reclamaciones por el botellón y una supuesta pasividad policial).
Entre las instituciones de las administraciones autonómicas que no han respondido al tercer requerimiento del Defensor está la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de Canarias; la consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Andalucía, y la consejería de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha.
Asimismo, las consejerías de Infraestructuras y Transportes y de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana; la consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid; la consejería Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, y el Instituto Canario de la Vivienda.
En la lista también están otros organismos de distintas administraciones, como la Universidad Complutense de Madrid, los Colegios de Abogados de Badajoz, Toledo y Murcia; la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.