En los cinco primero meses de 2018 en Castilla-La Mancha se han registrado 9.830 accidentes laborales, 226 más con respecto al mismo periodo del año anterior. Nueve de esos accidentes fueron mortales, 68 graves y 9.753 leves, tal y como indica el sindicato CCOO con datos del INE.

La tendencia al alza también se reproduce en el conjunto estatal, donde se alcanzó la cifra de 245.922 accidentes, un incremento de 8.352 accidentes con respecto a 2017. Los accidentes mortales ha sido 250; 2.018 graves y 243.654 leves.

A los nueve accidentes mortales en los cinco primeros meses en CLM hay que sumarles los dos que sucedieron en la región el pasado 26 de julio. Uno de ellos sucedió en El Robledo (Albacete), donde un hombre apareció al lado de su tractor con un golpe en la cabeza. El otro ocurrió en Alameda de la Sagra (Toledo), cuando otro hombre cayó en un bidón de esmalte.

CCOO reclama medidas ante el «alarmante repunte de la siniestralidad»

Tras el «alarmante repunte de la siniestralidad», CCOO ha reclamado tanto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio,  «el impulso de medidas preventivas frente a los accidentes y las enfermedades de origen laboral», quieren que esta sea «una de sus prioridades».

«Una dramática y escalofriante realidad, un problema de primera magnitud que exige actuar de forma enérgica y desde la unidad de acción para acabar con el repunte de la siniestralidad laboral. Administraciones, sindicatos, empresariado, Inspección de Trabajo, Fiscalía tenemos que trabajar de forma conjunta para combatir los índices de siniestralidad laboral y hacer del trabajo un lugar seguro y saludable», afirma la secretaria regional de Salud Laboral y Política Institucional de CCOO CLM, Raquel Payo.

CCOO quiere «abordar la lucha contra la explotación laboral, recuperar la centralidad de la negociación colectiva, incrementar la dotación presupuestaria y humana de los organismos públicos con competencias en la materia y afrontar cambios legislativos en aquellos aspectos más negativos para la clase trabajadora deben ser los aspectos que vertebren las políticas públicas orientadas a reducir los daños a la salud en el trabajo».

Porque según Payo «también la salud y seguridad laboral tiene que ser una prioridad para el empresariado, que ha de cumplir de forma estricta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que evitaría la práctica totalidad de los accidentes en el trabajo. Porque todos los accidentes laborales son evitables, pero es necesaria voluntad y compromiso para que la siniestralidad deje de crecer».

Por último, Payo a comparado los datos de enfermedades de Navarra con los de Castilla-La Mancha, indicando que «en Navarra, con una población de 268.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en 2017 ha 1.403 enfermedades profesionales o Aragón con una población afiliada de 546.500 trabajadores declaró 1206 enfermedades profesionales. Sin embargo, Castilla-La Mancha con una población de 665.000 trabajadores ha declarado tan solo 577 enfermedades, lo que pone en evidencia que existe una clara infradeclaración y que necesitamos de mecanismos concretos y precisos, que hagan que las enfermedades profesionales no pasen inadvertidas, ya que conocer el impacto y la distribución de las enfermedades profesionales es imprescindible para planificar adecuadamente las estrategias preventivas y asistenciales necesarias para eliminar o, en su caso, minimizar sus efectos».