El consejero de Agricultura,Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que si el agua del trasvase Tajo-Segura se quedara en la región su uso sería más eficiente. No sin antes mencionar que la comunidad lleva décadas siendo solidaria a la hora de garantizar el consumo humano, ha insistido en que, en materia de regadío, la defensa de los intereses de nuestros agricultores obliga a pedir que ese agua se pueda utilizar aquí. De hecho, ha recordado que mientras que en CLM se riega el 13 por 100 de la superficie agrícola útil, en el Levante se riega el 40 por 100.
Días después de que el Ministerio de Transición Ecológica aprobara el segundo trasvase desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el consejero se ha pronunciado así en el último artículo que ha publicado en su blog «Rural Siglo 21», donde ha recordado que los embalses están en un nivel crítico, «como lo están casi siempre, desde que en los años 70 empezó a funcionar esta infraestructura planificada durante la dictadura franquista», unos tiempos en los que -añade- «no se consultaba a nadie» y en los que la realidad climática y agronómica era muy diferente a la España de hoy. En este sentido, entiende que ya no se puede seguir empleando el argumento de «la huerta de Europa» para designar al Levante ya que ahora «es posible alcanzar rendimientos iguales o mayores en el interior de la Península».
Martínez Arroyo se muestra convencido de que hoy en día esta infraestructura no se habría construido. Y ofrece cuatro razones. La primera es que «vivimos en una democracia»; la segunda es que «hay comunidades autónomas que defienden sus intereses»; la tercera es que España forma parte de la Unión Europea y debe cumplir la Directiva Marco del Agua que contempla la prioridad para la cuenca cedente y la garantía de los caudales ecológicos; y la cuarta, insiste, es que es posible alcanzar producciones similares o mayores en zonas más cercanas a donde está el agua.
Aboga además por tomar las decisiones políticas con sentido común, también a la hora de responder a una serie de preguntas que plantea: «¿Es más lógico que el agua se utilice para generar desarrollo económico, cerca o lejos de donde se origina? ¿Es prioritario garantizar los mínimos en cuanto a caudales ecológicos o medio ambiente en la cuenca donde está el agua, o trasladarla a otro lugar para, cuando no se constatan esos mínimos en la cuenca cedente, utilizarla para regar? ¿Es lógico que la región de la que procede el agua no participe en la toma decisiones -ni los regantes de la misma- y sí lo hagan los usuarios de la cuenca receptora? ¿Puede entenderse que, al mismo tiempo que se aprueba un trasvase, municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía se abastezcan con camiones cisterna?»
A pesar de la decisión del Gobierno central de aprobar un trasvase para el mes de agosto, considera que «hay esperanzas todavía» en cuanto a una nueva forma de actuar del Ejecutivo. «Seguro que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ponen en marcha las desaladoras al 100 por 100; se recurre al trasvase de forma extraordinaria; se vigila el cumplimiento del caudal ecológico del Tajo; y se cuenta con las comunidades autónomas en la toma de decisiones en materia de agua».
Termina el artículo reivindicando «igualdad» ya que «la dignidad de las gentes de nuestros pueblos, su calidad de vida y sus esperanzas de futuro están depositadas en el acceso al agua».