A la diputada y dirigente del PP Andrea Levy le preocupa que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho que tienen las mujeres, que está regulado por una ley orgánica aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados. Lo ha dicho a la revista Vanity Fair y se ha quedado tan ancha. Entonces, ¿qué es? Dado que el aborto no es un tema de debate entre la ciudadanía, ¿no sería más prudente que Levy y su jefe político, Pablo Casado, aparcaran este asunto hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que su partido interpuso contra esta norma legal? ¿Y si la sentencia dice que es constitucional?

En 1985, el Gobierno socialista de Felipe González sacó adelante una ley que despenalizaba el aborto cuando se daban uno de estos supuestos: que el embarazo sea consecuencia de una violación, que exista un riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre o que el feto pueda nacer con malformaciones.

Esa ley fue modificada en 2010 por otra que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Es la que se conoce como ley de plazos, actualmente en vigor, que contó con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados (siete partidos políticos) y la oposición del PP, UPyD y algunos diputados de CiU y PNV. El PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha dictado sentencia.

Ocho años sin polémica

Desde entonces, y han transcurrido ya ocho años, el aborto no es un asunto polémico en la sociedad y los datos demuestran que con esta ley se producen menos interrupciones voluntarios de embarazos que antes, todos ellos en centros médicos autorizados y con garantías sanitarias. Ya pasó la época en que las mujeres españolas que querían interrumpir su embarazo, por distintas razones, tenían que ir a Londres si disponían de dinero o ponerse en manos de personas sin escrúpulos que practicaban los abortos en la clandestinidad y en malas condiciones, lo que provocó más de una muerte.

En esa situación de ausencia de polémica, el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho durante su campaña electoral que quiere volver a la ley de 1985, porque el aborto no es un derecho y «no puede ser barra libre y un coladero, como con esta ley». Los datos demuestran lo contrario, porque se practican menos abortos voluntarios con la ley actual que con la anterior, pero a lo políticos les suele salir gratis decir lo primero que se les viene a la boca aunque no responda a la realidad. Por cierto, que Mariano Rajoy ha gobernado en España durante casi ocho y no se planteó modificar la vigente ley del aborto, ni siquiera cuando tuvo mayoría absoluta.

Por si faltaba algo en este mes de agosto, que está siendo políticamente tan intenso como cualquier otro mes del año, ha llegado la diputada Andrea Levy con sus declaraciones sobre el aborto y la ha liado parda. Dice que es feminista, porque defiende que exista igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres. Pero también ha declarado que le preocupa «que el aborto sea un derecho«, algo que todas las feministas -y la mayoría de la sociedad- tienen meridianamente claro que lo es.

A la diputada Ley, a quien Casado ha mantenido en la dirección del partido como vicesecretaria de Estudios y Programas, le ha caído un aluvión de críticas, sobre todo por parte de dirigentes del PSOE y Podemos. Le han recordado que la ley actual no obliga a las mujeres a abortar sino que les da el derecho a que puedan hacerlo, si esa es su decisión, siempre que se cumpla lo que establece la ley.

Ni la materidad ni el aborto son una obligación

«La maternidad no es una obligación; la interrupción de un embarazo, tampoco», la dicho la ex ministra de Vivienda del PSOE Beatriz Corredor. «Los derechos son potestades que la ley otorga a las personas para que las ejerzan, si quieren», ha precisado.

En el año 2014, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó un anteproyecto para modificar la ley del aborto de 2010, pero finalmente Rajoy dijo que ese texto de su ministro no sería tramitado y que el Gobierno sólo plantearía la reforma muy concreta de algunos apartados de esa norma, como el que permitía en algunos casos que las menores embarazadas pudieran abortar sin permiso de sus padres. Ruiz-Gallardón se sintió tan desautorizado por el presidente que dimitió del cargo.

Pablo Casado, Andrea Levy y otros dirigentes del PP tienen todo el derecho a retroceder en este tema y volver a la ley de 1985, y allá ellos con el coste electoral que eso pueda acarrearles… o no. Pero antes de decir que la interrupción voluntaria del embarazo practicada en los términos que establece la ley vigente no es un derecho de las mujeres, deberían pensarlo dos veces. Deberían pensar, también, que muchas mujeres afiliadas y votantes del PP se alegraron en 2010 de que fuera modificada la ley de 1985, y se alegran hoy de que el número de embarazos voluntarios haya disminuido y todos se realicen con garantías y en condiciones sanitarias adecuadas.