A pesar de la crisis económica, en los últimos años se ha triplicado el número de millonarios que hay en España. Según datos oficiales, 579 personas declararon en 2016 poseer un patrimonio superior a 30 millones de euros (casi cinco mil millones de las antiguas pesetas), mientras que en 2006 eran solo 200 los ciudadanos que alcanzaban tan elevado nivel de riqueza. Pero en esa misma década también aumentó la desigualdad en la sociedad: para vergüenza de todos, hay 13 millones de ciudadanos que en encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone el 27,9 por ciento de la población, cuando hace diez años ese porcentaje era el 23,3 por ciento.

Algo funciona mal en este país, muy mal, cuando la crisis económica ha servido para que unos cuantos centenares de personas que eran ultrarricas (así se las denomina) se enriquezcan todavía más y, al mismo tiempo, se hayan empobrecido varios millones de ciudadanos, entre ellos muchos que trabajan pero que no pueden llegar a final de mes porque cobran  salarios de miseria.

El informe AROPE sobre «El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2016«, realizado por EAPN (European Anti Poverty Network) y presentado hace unos días, contiene datos que los políticos deberían aprenderse de memoria para tenerlos siempre presentes, a ver si así su conciencia les recuerda cada día que tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Pero no lo van a hacer.

Las denuncias de muchas ONG

Según esos datos, en los últimos años se ha registrado una leve mejoría en el nivel general de pobreza existente en España, pero al mismo tiempo ha aumentado la pobreza porque hay colectivos sociales a los que no les llega esa pequeña mejoría. Esto no es una novedad, sino que coincide con los informes, estudios y denuncias que vienen haciendo en los últimos años organizaciones como Cáritas, Oxfam Intermón y otras que hacen lo que pueden en busca de un mundo más justo y sin pobreza.

Los datos oficiales son como el algodón del anuncio, no engañan. Y esos datos reflejan con toda claridad cómo ha ido aumentado el número de personas ultrarricas en los últimos años. En 2011 fueron 352 los ciudadanos que declararon un patrimonio superior a 30 millones de euros, en 2012 eran ya 443, en 2013 subieron a 471, en 2014 llegaron a 508 y en 2015 había 549 personas que declaraban tan importante patrimonio. Dicho con otras palabras: en esos años en los que se empezaron a ver algunos indicios de ligera recuperación de la crisis económica ha habido más de 200 millonarios que se han hecho más ricos.

Que paguen más quienes más tienen

Si no hubiera en España una cifra tan escandalosa de personas pobres o en riesgo de quedar excluidas de la sociedad, no habría nada que decir sobre quienes se enriquecen porque hacen buenos negocios, les toca la lotería o reciben una herencia millonaria. Pero resulta que muchas de esas grandes fortunas son las que defraudan a la Hacienda Pública, las que se benefician de artilugios financieros para pagar menos impuestos y las que tampoco tienen que pagar una tasa por las grandes transacciones financieras que realizan, algo que vienen reclamando desde hace años algunos partidos políticos de izquierdas, hasta ahora sin ningún éxito.

Los ricos tienen derecho a ser ricos, pero los pobres tienen derecho a salir de la pobreza para vivir en condiciones dignas y, por lo que se ve y demuestran los datos, ocurre exactamente lo contrario: unos pocos se han enriquecido más en medio de la crisis económica y muchos se han empobrecido. Por eso lo más justo es que pague más quien más tiene, lo que debería obligar al Gobierno a perseguir el fraude fiscal con más eficacia, eliminar privilegios a las grandes fortunas y adoptar las medidas fiscales necesarias para que se recaude más dinero, lo que permitiría incrementar los gastos sociales.

Los políticos deberían acometer de una vez por todas una profunda reforma de la fiscalidad en España, pero para eso tienen que pensar más en la ciudadanía y menos en sus intereses personales, unos, o en los de su respectivo partido, otros. Un ejemplo: ya se ve a diario que al president de Cataluña, Quim Torra, y a su Gobierno autónomico les importan muy poco los problemas de los habitantes de esa comunidad, porque tienen el Parlament cerrado mientras ellos se dedican a reunirse en Bruselas con un huido de la Justicia, Carles Puigdemont, que quiere dirigir desde allí el destino de los catalanes.

Pero no es el único. A otros partidos y a otros políticos -no todos, porque los hay que se toman en serio el trabajo para el que han sido elegidos en las urnas- da la impresión, a juzgar por lo que hacen y dicen a diario, que les importan más sus intereses de cara a las próximas elecciones de 2019 (autonómicas, municipales, europeas y. quizá, generales) que los problemas diarios de la ciudadanía. ¿Será posible que empiece a cambiar algo ahora que hay un nuevo Gobierno, pese a su debilidad en el Parlamento? Habrá que esperar y estar atentos.