El Banco de España ha detectado irregularidades en una veintena de operaciones que realizó Caja Castilla La Mancha (CCM) antes de su intervención, en marzo de 2009, que han supuesto según sus cálculos un perjuicio de 267 millones de euros para la entidad financiera.
Así figura en el informe pericial presentado recientemente ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la gestión del expresidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, y del ex director general, Ildefonso Ortega, a raíz de una querella encargada por el PP al exfiscal Ignacio Gordillo.
Según la pericial, a la que ha tenido acceso Efe, la caja se saltó la normativa de riesgos en diversas transacciones realizadas desde 2007, que beneficiaron únicamente a varios antiguos reyes del ladrillo, entre los que destacan el expresidente de Colonial, Luis Portillo, el empresario Domingo Díaz de Mera, la familia Fernández Fermoselle y los hermanos Barco Fernández.
Todos ellos consiguieron condiciones «más ventajosas» de las que hubieran podido lograr ante otras entidades financieras, que además «aumentaron el riesgo crediticio de CCM sin que obtuviera beneficio alguno».
Los dos inspectores del Banco de España también afirman que, en la mayoría de préstamos o de refinanciaciones de deudas analizados, «se aprecian actuaciones contrarias a la propia normativa de la entidad, al resto de la normativa bancaria y mercantil, así como a lo que ha de ser práctica habitual del resto de entidades de crédito, a la hora de analizar la propia operación, la capacidad de pago y las garantías aportadas».
La mayor parte de las operaciones fueron ratificadas a posteriori por la Comisión Ejecutiva o el consejo de administración de CCM, aunque los peritos han detectado que dos transacciones jamás recibieron el visto bueno de ninguno de esos órganos.
La más representativa es la dación en pago por valor de 2,5 millones de euros por la que tres sociedades de Luis Portillo (Zent Inversiones, Grupo Portival y Producciones Agrícolas Nature) cancelaron deudas con la caja.
Incluso, el Banco de España detalla la ocultación de datos al consejo de administración en algunos casos, como en la compra de acciones en la sociedad Oesía a la familia Fernández Fermoselle, en la que el exdirector general, Ildefonso Ortega, mintió a los miembros del máximo órgano de decisión de CCM.
«A las retincencias mostradas por el consejero Tomás Martín-Peñato Alonso, justifica la compra de participaciones de Oesía en el mantenimiento de un porcentaje de participación similar al anterior y a posibles operaciones de desinversión que se prevén. Sin embargo, en realidad se tomó un porcentaje de participación mayor en el accionariado de Oesía (el grupo CCM pasa del 22 % al 39,28 %)», señala el informe pericial.
Los inspectores del Banco de España sostienen que esa operación, junto con otras realizadas con el grupo Naropa, de los Fernández Fermoselle, no tenían «una adecuada racionalidad económica».
La Audiencia Nacional comenzó a investigar en enero de 2011 a Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega por administración desleal, estafa y falsedad contable, a raíz de la querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en nombre del PP.
Para las defensas de los imputados, la pericial del Banco de España no es relevante porque los hechos criticados no permiten apreciar, a su juicio, una actuación delictiva de Hernández Moltó y Ortega.
El abogado que defiende al expresidente de CCM, José Ángel González Franco, señaló en declaraciones a Efe que todas las decisiones sobre esas operaciones fueron adoptadas por los máximos órganos de la entidad de forma colegiada y que no hubo una participación decisiva de su defendido.