Los jubilados y pensionistas acaban de ganar una primera batalla. Gracias a sus manifestaciones en las calles de muchas ciudades, los diputados que integran la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo han alcanzado un acuerdo de mínimos para recomendar que las pensiones se revaloricen según suba el Índice de Precios al Consumo (IPC), para que mantengan su poder adquisitivo. Es un acuerdo positivo, pero no es la victoria definitiva en esta guerra porque esta solo llegará cuando las pensiones sean blindadas en la Constitución, para que ningún Gobierno pueda modificarlas en función de sus intereses o de la situación económica de cada momento.

Desde 1998 las pensiones se revalorizaban cada año en el mismo porcentaje en que subía el IPC, para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. En 2010 José Luis Rodríguez Zapatero las congeló temporalmente durante un año, debido a la grave situación económica que se vivía en España y siguiendo las peticiones de Bruselas.

En 2013, ya con Mariano Rajoy en La Moncloa, el Gobierno modificó la fórmula para revalorizar las pensiones: se garantiza un incremento como mínimo del 0,25 por 100, que es lo que han subido desde entonces; a partir de 2019 la subida  se calculará cada año teniendo en cuenta la situación económica de la Seguridad Social y el número de sus afiliados cotizantes, la esperanza de vida de la ciudadanía y otros factores. Esta subida, en el caso de que la economía vaya bien, será como máximo del IPC más el 0,5 por 100.

Las protestas de los pensionistas en la calle

Desde entonces, sindicatos, distintas organizaciones de pensionistas y muchos ciudadanos han rechazado esa fórmula. En el último año, mientras los 37 diputados de la comisión del Pacto de Toledo eran incapaces de ponerse de acuerdo en alcanzar una fórmula para reformar la Seguridad Social y hacerla sostenible económicamente, los pensionistas no cesaron en sus protestas en la calle, lo que obligó a Rajoy a comparecer en el Congreso en un pleno monográfico para hablar de las pensiones. No sirvió de mucho, porque se limitó a anunciar que subiría algo las pensiones más bajas y a repetir que Zapatero las había congelado, pero al menos fue obligado al debate. El temor a perder votos de un colectivo tan numeroso como el de los pensionistas hace milagros.

Ahora, el 26 de septiembre, sus señorías del Pacto de Toledo han llegado al acuerdo, por fin, de recomendar al Gobierno que las pensiones vuelvan a incrementarse cada año en función de lo que suba el IPC, como se venía haciendo hasta que Rajoy cambió esa fórmula. Pero que nadie se engañe: es un acuerdo muy de mínimos, muy genérico, que deberá ser interpretado por el Gobierno y por los grupos parlamentarios (y cada uno lo hará según le convenga) y, en definitiva, es solo una recomendación. ¿Es positivo? Sí, pero no es para lanzar las campanas al vuelo.

Tan genérico es el acuerdo que los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han discrepando desde el primer momento a la hora de interpretarlo. Los de los grupos parlamentarios de izquierdas dicen que el único referente para revalorizar las pensiones será el IPC. Por el contrario, los del PP, Ciudadanos y PDeCAT afirman que del texto que han consensuado se desprende que el Índice de Precios al Consumo será el criterio fundamental para calcular el incremento de las pensiones cada año, pero que también se pueden tener en cuenta otros factores. Después de un año de reuniones y debates sobre este asunto, ¿no han sido capaces de acordar un texto meridianamente claro, que no pueda dar pie a ser interpretado de distintas maneras?

La Seguridad Social, en déficit

Nadie puede negar que el mantenimiento de la Seguridad Social y el sistema de pensiones es uno de los problemas más graves para la economía en España. La crisis económica de la ultima década hizo disminuir mucho el número de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, quienes encuentran trabajo cotizan menos porque los salarios son más bajos, el número de pensionistas aumenta y, además, cada vez cobran la pensión durante más años porque la esperanza de vida ha aumentado… En esa situación, la Seguridad Social lleva siete años de déficit y el Gobierno de Rajoy prácticamente agotó el Fondo de Reserva de más de 66.000 millones de euros que tenía en 2011.

Todo eso es una realidad indiscutible, y por eso es necesario que los políticos busquen y encuentren una solución. Pero esa solución nunca debe perjudicar a los pensionistas, porque tienen derecho a cobrar una pensión digna después de haber estado cotizando durante años. Por eso, muchos sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos reclaman que las pensiones sean blindadas en la Constitución como un derecho fundamental de la ciudadanía, para que no dependan del gobierno de turno, en vez de animar a suscribir planes de pensiones privados.