Pocas y modestísimas plataformas ciudadanas, sin medios económicos y semiorganizadas, se echaron hace un par de años a las espaldas el problema de los desahucios y han conseguido contra viento y marea que este grave problema para muchos españoles se convierta en cosa y caso de todos.
Jueces, policías, periodistas, abogados y muchos ciudadanos anónimos hemos ido poniendo granos arena para que la montaña adquiriera tamaño y pudiera ser vista por los principales partidos del país, que hasta ahora habían hecho oídos sordos o al menos huelga de brazos caídos para resolver el problema.
Sin fondos públicos ni grandes campañas mediáticas, las plataformas de afectados han ido socavando la conciencia de todos hasta que la muerte por suicidio de varios españoles hicieron que la sociedad gritara un basta mudo, pero ensordecedor.
No todos los desahucios son iguales ni todos los políticos ni todas las entidades que forman el sistema financiero.
Pero la sensación de que los ciudadanos siempre pierden porque siempre gana la banca, a la que los políticos obedecen siempre cuando están en el gobierno, es la explicación que está más generalizada para entender la situación que vivimos. En cuanto un medio de comunicación mete una «alcachofa» a un corrillo de ciudadanos éstos lo tienen claro y su respuesta es siempre la misma, de norte a sur, de este a oeste: «La culpa es de los políticos y de los bancos».
No es del todo cierto, pero sí en gran parte. Todos o casi todos hemos tenido culpa, pero la responsabilidad y las limitaciones para tomar decisiones indebidas no son iguales ahora ni lo eran antes.
Nadie debe robar, pero es más grave que lo haga un policía, que es el encargado de perseguir el delito y cuyas faltas generan inseguridad y desánimo en el cumplimiento de las normas.
Pues con la crisis ha pasado lo mismo. Los encargados de poner orden fueron los primeros en darse la fiesta, anestesiando al pueblo con sus créditos o con grandes obras basadas en programas electorales alejados del sentido común.
Una gran parte de la sociedad ha cometido los mismos excesos que las administraciones públicas y la banca, gastar por encima de sus posibilidades y generar una deuda de infarto. Pero no todos tenían la misma responsabilidad antes de que se produjeran los hechos y por lo tanto no son igualmente culpables en el desarrollo de la crisis.
La ley prohibía a los gobernantes gastar sin partidas presupuestarias y a las entidades financieras conceder créditos saltándose ciertos límites. No había peros normativos para que los ciudadanos se endeudaran. Se supone que el freno les tocaba a los bancos, en base a sus obligaciones y estudios.
Es decir, que si uno pide más de lo que puede pagar no se cometen faltas. Pero si un banco lo concede sí las hay.
Sin embargo, la ley cae ahora con todo su peso sobre el ciudadano corriente y deja escapar impunes a los políticos y a los responsables financieros que por avaricia electoral o económica hicieron de España un pozo sin fondo y sin fondos.
Y cuando toca poner remedio el Gobierno primero salva a la banca. Éste y el anterior. Porque la banca es fundamental para el Estado.
Sin duda, pero… ¿No es el pueblo fundamental para el Estado? ¿No es el pueblo el que mandata al Gobierno en una democracia?
Ahora, tras el suicidio de Amaya, todo pareció que iba a cambiar, pero al final el Gobierno ha optado por la única solución que no contraría a la banca. El PSOE quiere llegar más allá. Qué pena que no aprobara la dación en pago cuando pudieron/debieron hacerlo, porque prometer desde la oposición no es lo mismo.
Si no hubieran dado créditos que no debían no habría tantos desahucios. Si no se hubiera generado esta crisis la mayoría de los que tenían hipotecas podrían seguir pagándolas.
Es una obligación de la política acabar con los desahucios basados en cláusulas abusivas, que afectan a ciudadanos que se quedan sin techo, impuestos por bancos que viven de ayudas públicas y tienen cientos de viviendas vacías y que son el resultado de un proceso legal en el que al que más tiene que perder ni siquiera se le escucha.
Los desahucios son una buena oportunidad para que los responsables públicos recuperen la confianza ciudadana demostrando si una vez que han recogido los votos, los políticos sirven a su pueblo o a su banca.