Un grupo criminal, ya desarticulado por el Seprona de la Guardia Civil, logró al menos 25 millones de euros de beneficio en un año con la comercialización ilegal de atún rojo, capturado de forma ilícita en aguas de Malta e Italia.
Así lo han puesto de manifiesto responsables del Seprona, de Europol y de la Secretaría General de Pesca en una rueda de prensa para dar cuenta de los detalles de la operación Tarentelo contra la comercialización ilegal de atún rojo y denominada así porque así se llama una parte del vientre de este pez.
El teniente coronel jefe de Operaciones del Seprona, Jesús Gálvez, ha explicado que la operación comenzó en el primer semestre de 2017 tras las informaciones de la Secretaría de Pesca y del sector de que se podría estar pescando ilegalmente atún en el Mediterráneo.
Tras diversas pesquisas se descubrió una red asentada en la Comunidad Valenciana, y la Fiscalía de Medio Ambiente junto con el Juzgado número 3 de Picassent abrieron diligencias para descubrir la trama, en una operación que culminó con 79 detenidos (todos españoles) y casi 50 registros de empresas distribuidoras y domicilios.
La operación se ha llevado a cabo en 12 provincias: Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Toledo y Madrid.
Durante la explotación de la misma se han intervenido 80.000 kilogramos de atún rojo, cerca de medio millón de euros en efectivo, vehículos de alta gama, joyas valoradas en más de 600.000 euros y documentación que se está analizando y que corresponde a la actividad del grupo en los últimos tres años.
Según se comprobó en la investigación, los atunes rojos se pescaban en aguas de Malta e Italia y eran transportados hasta España, bien por el aeropuerto de Madrid (en este caso las capturas legales), bien por puertos hasta Francia y después por carretera en camiones hasta el Levante.
Las empresas implicadas aprovechaban la parte legal de su actividad para introducir atunes pescados ilegalmente. Y lo hacían amparándose en facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de estos animales, procedentes la mayoría de los casos de granjas autorizadas.
Gálvez ha explicado que por el aeropuerto madrileño entraban desde Malta 1.250.000 kilos con documentación legal, mientras que el que se comercializaba en negro doblaba esa cantidad.
[ze_summary text=»En muchas ocasiones se rompía la cadena de hielo»]En muchas ocasiones se rompía la cadena de hielo[/ze_summary]Si por cada kilo se obtenía un beneficio mínimo de cinco euros, este grupo criminal habría obtenido ilegalmente unos 12,5 millones de euros.
Mientras, según los datos provisionales de lo analizado hasta ahora, en los cinco primeros meses de este año llegó de forma ilegal a España medio millón de toneladas de atún rojo procedente de Italia, con una ganancia ilícita de otros 12,5 millones de euros.
El jefe de Operaciones del Seprona ha insistido en que en muchas ocasiones se rompía la cadena de hielo, los atunes no eran conservados debidamente, las proteínas se degradaban y se acumulaban las histaminas, que subían más de lo permitido.
De este modo, comerlo en ese estado puede provocar intoxicaciones, como la que sufrió un hombre que consumió atún comprado en Sevilla y que tuvo que ser hospitalizado.
Las empresas comercializadoras -que mantienen una parte de actividad legal- distribuían el atún a mercados centrales y otros. En algunos casos, los compradores eran conscientes de su origen ilícito, pero en otros muchos lo ignoraban.
Gálvez no ha ofrecido nombres de empresas involucradas ni ha desvelado si un alto cargo de Malta estaba implicado, y se ha remitido a las diligencias judiciales.
Mientras, la jefa de Inspección Pesquera del Ministerio de Agricultura y Pesca, Esther Boy, ha resaltado el control que se lleva a cabo por parte de los 120 inspectores repartidos por toda la geografía, y ha subrayado el acuerdo en esta materia con la Guardia Civil.
También ha intervenido el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de Europol, el portugués Pedro Felicio, quien ha valorado la operación como una de las más importantes de la Guardia Civil y ha señalado que el crimen ambiental es hoy la mayor amenaza para los ciudadanos, por lo que combatirlo es una de las prioridades de la UE.
Respecto al atún rojo, Felicio ha asegurado que se está pescando el 50 por 100 más de lo que sería legal, ha alertado de que en 10 años esta especie puede estar en peligro de extinción y ha precisado que tendrá que incluirse en Cites (el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre).