Safira, que ha sido desahuciada esta misma mañana de la vivienda en la que vivía de okupa en Guadalajara esta mañana, no aceptó las alternativas que le planteó la Junta para abandonar la vivienda de protección social en la que vivía ilegalmente.
En un comunicado de prensa, la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha afirmado que el desalojo no ha se ha producido porque lo promoviese la Administración autonómica, sino que ha sido la propia entidad bancaria propietaria, Kutxabank, la que lo pidió y el juzgado el que lo ha determinado. Safira vivía en la vivienda sin ningún título de propiedad ni de alquiler.
La situación de ocupación de la vivienda impedía a la Junta de CLM proponer una alternativa habitacional definitiva para Safira, pero aún así le ofrecieron varias alternativas que fueron rechazadas.
En este sentido, como la vivienda es protegida, desde la Consejería informan que «existe un registro de demandantes de vivienda social, que en Guadalajara cuenta con más de 2.000 personas inscritas que cumplen los requisitos que la ley exige para ser beneficiario de este tipo de viviendas. La administración no puede saltarse ese listado de manera arbitraria».
Puesto que estábamos ante un caso especial, ya que Safira tiene una discapacidad del 66 por 100, desde la Consejería de Bienestar Social dicen ser «conscientes de la situación» y por ello ofrecieron varias alternativas dentro de la legalidad. Entre ellas estaban «una ayuda de emergencia social, que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; alojamiento temporal para situaciones de emergencia social; o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, entre otras opciones. Hasta la fecha, la interesada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas», explica el comunicado.
Además de estas alternativas, la Dirección provincial en Guadalajara junto con los Servicios Municipales buscaron todo el apoyo familiar y social posible para que «esta persona pudiera disponer de un itinerario personalizado de atención social, familiar y, en su caso, laboral».
De las actuaciones también se informó al Juzgado que lleva el caso con el objetivo de que «una vez producido el desalojo, si así sucedía, la persona ocupante de la vivienda pudiera tener la atención garantizada», concluye el comunicado.