Ecologistas en Acción ha anunciado que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) contra la resolución del Gobierno de Castilla-La Mancha por la que se aprobó la descatalogación de tres refugios de fauna.
Según ha informado esta organización conservacionista, en concreto, han recurrido la desafección de los refugios denominados Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en Los Yébenes, y Nava de Don Diego, en Los Navalucillos, todos ellos en la provincia de Toledo.
El recurso pretende revertir la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha y que se mantenga el estatus de protección de estos espacios naturales de gran valor ecológico.
Según los ecologistas, es un precedente con el que la organización quiere «poner freno al proceso de descatalogaciones de espacios protegidos puesto en marcha desde la Consejería de Agricultura».
En su recurso, Ecologistas en Acción denuncia «graves irregularidades formales» en la tramitación, así como la ausencia de una justificación conforme a derecho para realizar la descatalogación.
La aprobación del decreto se realizó, según la organización conservacionista, sin dar curso al preceptivo procedimiento de información pública y sin haber consultado a los Consejos de Caza y de Medio Ambiente, con la «clara intención de ocultar el proceso a los ciudadanos y de coartar el derecho a alegar», han apuntado.
Ecologistas en Acción hará valer ante el TSJC-M la importancia ambiental de los refugios de fauna descatalogados ya que forman parte de espacios de la Red Natura 2000, de zonas críticas de especies catalogadas y son «importantísimos» bancos de prueba de un modelo de gestión sostenible.
En los tres refugios de fauna desafectados, ha recordado Ecologistas en Acción, se tenían puestas buena parte de las esperanzas de recuperación del lince ibérico en los Montes de Toledo, espacio natural en el que la especie está sufriendo una gravísima regresión desde hace décadas.
En opinión de los ecologistas, no existen motivos que justifiquen la desafección, ni siquiera los económicos, y por ello confían en conseguir que el TSJC-M declare nula de pleno derecho la decisión del Gobierno regional.