La portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Leire Iglesias, ha pedido explicaciones a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la venta de 120 pisos a una empresa vinculada a Ignacio López del Hierro, esposo de la «número dos» del Partido Popular.
Iglesias ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en la sede del PSOE antes de reunirse con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para hablar de medidas que eviten los desahucios.
Ha calificado de «desvergüenza e indecencia política» esta operación y ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid ha firmado una opción de venta con la empresa Renta Corporación de unos inmuebles situados en el centro de la ciudad y que, ha dicho, están ocupados por 117 familias en riesgo de exclusión social que pagan un alquiler bajo al Consistorio y que van a ser desalojadas.
En el contrato de opción de compra figura el precio de 21 millones de euros por cinco inmuebles situados en la Carrera de San Francisco, Embajadores, Madera y San Cayetano.
«Es el colmo del cinismo», ha protestado la dirigente socialista, que considera incomprensible que una institución pública deje sin casa a casi 120 familias. «Sea legal o sea ilegal, es una indecencia política», ha insistido.
El PSOE continuará con los sindicatos la ronda de contactos que inició el pasado lunes con los alcaldes socialistas dentro de la ofensiva antidesahucios emprendida después de que la semana pasada no llegara a un acuerdo con el Gobierno sobre esta materia.
Ha recordado Iglesias que el PSOE no suscribió un pacto con el Ejecutivo por considerar que el decreto era insuficiente e ineficaz y ha precisado que, por esa razón, los socialistas van a reunirse con todas las organizaciones implicadas y colectivos afectados con el fin de intentar ofrecer una respuesta global y eficaz.
En este sentido, ha lamentado que el PP no haya aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia la proposición de ley del PSOE sobre desahucios, con la excusa de que el Gobierno tiene que estudiar primero si supondría modificaciones presupuestarias.
Y es que, a su juicio, «no puede seguir siendo legal» que una familia que, debido a una insolvencia sobrevenida por culpa de la crisis, se quede sin casa y con la deuda y que, encima, sean considerados morosos por la sociedad y no tengan acceso, por ejemplo, a ayudas para guarderías.