El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido a la Junta de Comunidades que paralice los desahucios que está ejecutando de viviendas sociales en régimen de alquiler, por el impago de las mensualidades, y que inste a las entidades financieras a que no desalojen las viviendas de protección oficial que no pagan.
Esta es una de las medidas que propone el PSOE en la Proposición No de Ley que registró el jueves este grupo en las Cortes y que ha sido presentada en conferencia de prensa por la diputada regional socialista Rosa Melchor.
Esta PNL pide en concreto «parar los desahucios llevados a cabo por la Junta de Comunidades en las viviendas de su propiedad» tanto en régimen de alquiler como de compra, para aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de insolvencia sobrevenida y que han cumplido sus obligaciones con regularidad hasta hace un año.
Según sus datos, y solo en la provincia de Ciudad Real, se inician los trámites de cinco desahucios de viviendas sociales alquiladas al mes, si bien ha advertido de que la lista «es más grande, pero solo se inician cinco al mes para que el proceso sea más ágil».
Así, ha calculado que si solo en una provincia se inician cinco desahucios de alquiler al mes, la medida aprobada por el Gobierno regional de reservar el 10 por 100 de las 800 viviendas de protección oficial que la Junta tiene en propiedad al alquiler de desahuciados es «insuficientísima».
Ha añadido que en el primer semestre del año se han ejecutado en Castilla-La Mancha 2.500 desahucios, por lo que ha criticado que «la Junta no puede responder a este problema solo poniendo a disposición apenas 80 viviendas».
Además, ha defendido que con esta medida propuesta por el PSOE no ocurrirían situaciones como las vividas en Madrid, donde la empresa Renta Corporación ha llegado a un acuerdo para adquirir cinco edificios propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid.
Melchor ha señalado que el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, Ignacio López de Hierro, es consejero de esta empresa, por lo que a su juicio es «peculiar» el comunicado remitido ayer por la empresa, en el que se desvinculó a López de Hierro de esta operación inmobiliaria.
A su entender, en la nota de prensa la empresa «niega que este consejero tenga conocimiento de las decisiones que se toman en los consejos por los que cobra».
Otras de las medidas propuestas en la PNL socialista consisten en que la Junta exija a las entidades financieras en las que tiene cuentas abiertas que paralicen los desahucios de vivienda habitual, o que intermedie con los bancos para renegociar las condiciones y los plazos de pago de las hipotecas pendientes.