El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha registrado 22 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios en lo que va de año (el año pasado hubo 27 casos), según ha informado la directora gerente del Sescam, Regina Leal, durante un receso de la reunión del pleno del Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal.
En declaraciones a los medios, Leal ha explicado que el plan de prevención del Sescam pretende llegar a un nivel de agresiones físicas «cero» a los profesionales sanitarios, al tiempo que ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha compartirá el registro de agresiones con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Este registro pretende no solamente anotar las agresiones para saber cómo se pueden prevenir, sino también realizar un mapa de agresiones dentro del Sescam para identificar puntos calientes o usuarios más conflictivos para tomar las medidas preventivas correspondientes.
El Sescam además está trabajando en nuevos protocolos de actuación. Así, por ejemplo descargará en los móviles de los profesionales sanitarios la app AlertCops para que puedan estar en contacto directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
También está realizando un protocolo de comunicación para que en aquellas situaciones donde hay una agresividad especial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen siempre a los profesionales a realizar la asistencia.
Leal ha afirmado que la Policía insiste en que es «imprescindible» la denuncia porque «la no denuncia no conduce nunca a menos agresividad», es más, ha apuntado que el usuario agresivo si no es denunciado posiblemente la siguiente vez pueda ser más agresivo.
En la actualidad, en Castilla-La Mancha hay siete procesos judiciales abiertos por agresiones a sanitarios en los que se está tratando el caso como agresión a la autoridad, lo que, según ha especificado la directora gerente del Sescam, implica pena de cárcel.
A modo de ejemplo, ha citado el caso de la agresión a dos enfermeras y dos médicos del centro de salud de El Casar (Guadalajara) en la madrugada del 15 de octubre de 2017, donde la petición del fiscal supera los siete años de prisión para el agresor, algo, a su juicio, «ejemplificante» y significa «una ayuda más para intentar disminuir las agresiones».