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en el próximo pleno 26/11/2012junio 13th, 2017

Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha se han mostrado dispuestos a negociar para conseguir recuperar el consenso en materia de mujer, aunque los socialistas insisten en que la resolución de condena al maltrato debe plasmar los efectos de los recortes en esta materia.

Así lo han manifestado el portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes, Francisco Cañizares, y el diputado socialista José Molina en sendas rueda de prensa en las que se han referido al debate en el pleno de las Cortes del jueves del informe de prevención de la violencia machista en 2011.


El acuerdo en materia de mujer se rompió por primera vez en las Cortes de Castilla-La Mancha la semana pasada cuando en la Comisión de la Mujer para elaborar este informe el PSOE votó en contra y mutuamente se acusaron de utilizar a las mujeres políticamente.

El portavoz del PP ha resaltado que el PSOE «tiene una oportunidad» el jueves para llegar a un acuerdo y se ha mostrado «absolutamente abierto» a conseguirlo.

«Como hemos hecho nosotros no solamente estando en el Gobierno sino, lo que tiene más valor, también estando en la oposición durante muchísimos años», ha manifestado Cañizares, que ha argumentado que el PP siempre ha pactado en «un ejercicio de responsabilidad y de saber que hay temas de gravedad donde no se puede hacer utilización partidista».

Por su parte, el diputado socialista ha afirmado que su grupo va a «seguir intentando negociar con el grupo parlamentario popular», pero ha insistido en que «el dictamen tiene que recoger que los recortes que se producen en los programas de mujer no ayudan a que las mujeres que tienen estos problemas de violencia puedan corregirlos mejor».

Como ejemplo, ha puesto el de la supresión del convenio con una asociación de abogados para prestar asistencia gratuita a las mujeres que padecen problemas de violencia.

«No se trata sólo de hacer una declaración en contra de la violencia y luego no ser conscientes de que las políticas que se desarrollan por la Administración no ayudan a combatir eficazmente esta lacra social», ha concluido.

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