El expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, ha opinado hoy sobre las recomendaciones de la OCDE a España que «van en la buena dirección» pues «todo lo que sea flexibilizar es bueno y lo que hace falta es que la economía española crezca, que se ajuste cuanto antes y se vaya digiriendo la deuda».
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Pizarro ha hecho estas consideraciones en Toledo, a preguntas de los periodistas, antes de pronunciar la conferencia «Crisis económica y Estado de Derecho», organizada por la Asociación Católica de Propagandistas.
El jurista y economista ha sostenido que en los Estados y en las sociedades, está ocurriendo lo mismo que en las familias.
Y ha concretado: «cuando una familia tiene un nivel de deuda por encima del que debe tener, hay que bajar ese nivel y buscar ahorrar, pues si se gasta más de lo que se gana te vas endeudando cada vez más y, al final lo que pasa en una familia, pasa en el Estado, en una empresa o en cualquier unidad de gasto».
Por otro lado, el jurista ha abogado por que el Estado de Derecho «reaccione» ante las «prácticas no adecuadas» que están en el origen de la crisis.
Y ha resaltado que «le choca mucho», sobre todo en la crisis financiera internacional en Estados Unidos, que «nadie haya devuelto dinero ni reparado al contribuyente americano», del mismo modo que «no puede ser -ha dicho- que la gente multiplique el valor de las compañías y gane dinero y cuando se divide el valor de éstas aquí no responda nadie».
Ante esto, ha reiterado, «el Estado de Derecho tiene mucho que decir, tiene que reaccionar, las auditorías y las empresas de rating tienen que funcionar, los accionistas tienen que ser vigilantes y los reguladores tienen que estar en su sitio».
Preguntado por las comparecencias de estos días en sede parlamentaria de los responsables de entidades como Bankia o CCM, ha apuntado que no las ha seguido «ni para bien ni para mal».
Y ha apostillado que su cometido ha sido Ibercaja, donde «hemos procurado hacer las cosas bien y es una de las cajas -ha dicho- que está luchando por seguir adelante y hacer una buena labor allí donde estamos».
En cuanto a su postura como jurista ante la Ley de Tasas Judiciales, ha comentado que él es partidario de que «quien hace un uso intensivo de los servicios de justicia lo pague».
Y ha puesto como ejemplo que «lo que no tiene sentido es que cuando cuatro hermanos no se ponen de acuerdo sobre la herencia del padre, tengamos que ser los demás con los impuestos los que lo paguemos».
En este mismo contexto ha subrayado que, en los apartados civil y contencioso-administrativo, la mayor parte de los procesos judiciales son mercantiles entre empresas «y lo lógico es que la gente que utilice más un servicio público lo pague, sin perjuicio de la tutela judicial efectiva, que no se niega a nadie», ha aseverado.