«Estimada Ministra
Queremos trasladarle que la mayoría de la ciudadanía, personas que no son cazadoras ni aficionadas a la tauromaquia y otras muchas que lo eran, nos hemos visto reflejadas en las palabras que recientemente dirigió a un medio de comunicación. ¿Qué hay más humano que no entender a quien disfruta matando o viendo sufrir a animales por mero divertimento o beneficio económico?
No se llame a engaño, a pesar de lo que digan quienes la critican o la insultan llamándola ignorante, esto no va de otra cosa que de mantener bajo el pretexto que sea unas tradiciones que benefician y divierten a unos cuantos, pero que se contradicen con la racionalidad y que impactan muy negativamente en el medio rural y en el bienestar animal.
Sra. Ribera, sus opiniones son reflejo de una sensibilidad que es mayoritaria, pero ante la que determinados sectores se están revelando con unas formas impropias de una sociedad que se dice democrática y plural.
Lo más triste de todo esto es que sus declaraciones, enmarcadas en el reciente crecimiento de fuerzas políticas extremistas que defienden de forma acrítica e irracional estas actividades, han llevado a que políticos presuntamente progresistas, entre los que se encuentran destacados dirigentes de Gobiernos autonómicos, se sumen de forma injustificada a los argumentos de esta extraña y muy preocupante alianza pro-cinegético-taurina.
Se han dado las condiciones de una tormenta perfecta que viene larvándose desde que surgieron grupos de defensa animal y, especialmente, desde que determinados colectivos ecologistas se han atrevido a denunciar los impactos de la caza en la naturaleza, el medio rural y la economía.
Distintas entidades han publicado en los últimos años informes con sólida fundamentación técnica y científica que desdicen el presunto papel de la caza en la conservación de la naturaleza o en el desarrollo rural. También ponen en cuestión los datos del beneficio económico que genera la caza.
A falta de otros argumentos, el lobby cinegético, liderado por la Fundación Artemisan que con dinero otorgado directamente por algunas administraciones, por ejemplo la Junta de Castilla-La Mancha o el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, han realizado estudios de parte para argumentar el valor económico, social y ambiental de la caza. Ese dinero público ha terminado en manos de una conocida consultora, a pesar de sus antecedentes, y no en instituciones científicas o académicas de prestigio.
Nuestro Gobierno regional, además de otorgar sin concurso público un contrato a la Fundación Artemisan para que elaborara ese estudio y de defraudar buena parte de las expectativas creadas en la reforma de la Ley de Caza del Gobierno Cospedal, pretende ahora dar ejemplos de conocimiento y rigor. No se deje presionar Sra. Ministra. Ni por él, ni por la persona que recibió esos fondos como representante de la citada Fundación y que le ha dirigido una carta abierta en la que le falta al respeto.
Simplemente no es cierto lo que dice en su carta el Sr. Page y menos todavía lo es lo que dice el Sr. Luis Fernando Villanueva.
La caza no contribuye al equilibrio natural, más bien lo contrario. De la mano de infraestructuras cinegéticas como los vallados, caminos o tiraderos, deterioran y fragmentan los hábitats. Cada día se cazan más animales que se crían en granjas y se sueltan para ser masacrados a miles. En el caso concreto de la perdiz roja, desde hace tiempo se cazan en España más ejemplares de granja que salvajes, eso trae como consecuencia la pérdida de la especie autóctona y, sobre todo, llenar los campos de trampas para matar los predadores que son atraídos por las propias sueltas y osan alimentarse de ellas. Las prácticas ilegales están a la orden del día. Venenos, lazos, cepos, disparo a especies protegidas, son causas frecuentes de entrada de animales en los hospitales de fauna. Y la presión del lobby cinegético se deja sentir permanente en los intentos de reformar a la baja las normativas de protección de la naturaleza, sean a escala autonómica, estatal, europea o internacional. Ejemplos recientes los tenemos en la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la prórroga a la práctica de la caza en los parques nacionales o en querer mantener el silvestrismo o el parany.
Ahora se trata también de justificar la caza para frenar la sobrepoblación de ungulados, como ciervos y jabalíes. Curiosamente las granjas de cría, las sueltas, los comederos y los vallados para éstas y otras especies han aumentado en los últimos años. Los cazadores y las administraciones autonómicas son en buena medida quienes provocan el desequilibrio de poblaciones con su mala gestión, y ahora quieren postularse como reparadores del problema que han creado.
En cuanto a la contribución al desarrollo socioeconómico es llamativo que habiéndose hecho estudios por una auditora, no se hayan calculado los impactos negativos, que también los hay, y muchos, que genera la caza. Utilización masiva del territorio (87 por 100 en España), cortes de vías públicas, incluso de rutas oficiales en Parque Nacionales como Cabañeros, restricciones a otras actividades forestales y de turismo, peligro permanente para otros usuarios del medio natural (ahora se puede cazar prácticamente todo el año y de noche en muchas partes), dispersión de contaminantes como el plomo. La caza coarta y limita actividades que sí crean desarrollo y enraízan a la población rural, y encima se lleva el grueso de sus beneficios lejos de estos lugares, cuando no lo oculta como dinero negro. Todo eso por no contar los muertos y heridos que provocan las armas de caza, hace bien poco se conoció que un menor de 13 años fallecía por esta causa en Castilla y León.
Para algunos, que tampoco muestran sensibilidad por otras cuestiones, tal vez la protección y el bienestar animal sea un tema menor en todo esto. Pero no lo es. Tanto los animales objeto de caza como los que se emplean para cazar, especialmente los perros, son víctimas inocentes de todo este negocio de la caza, al igual que ocurre con los toros en el caso de las corridas. ¿Han valorado esto los políticos que ahora la escriben o quienes dicen querer y respetar tanto a los animales? Desde luego no, pero tampoco cabe esperar gran cosa de quienes como mejores argumentos para defender la caza se escudan en realidad en la defensa de las tradiciones y en el beneficio económico.
Si desea contrastar con más detalle todo lo que le comentamos en esta carta estamos a su entera disposición con la documentación pertinente.
Reciba un cordial y afectuoso saludo».
Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.