La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha advertido hoy de que «las aspiraciones soberanistas no están dentro de la Constitución» y el propio texto deja «bien claro» que la soberanía reside en «todos» los españoles.
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Y por eso son «todos» los que deben decidir sobre el futuro del país o si quieren que cambie la organización política, ha señalado la también secretaria general del PP a su llegada al acto del Día de la Constitución que se celebra en el Senado.
Cospedal, que estaba acompañada por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, se ha felicitado por el aniversario de la Constitución que fue «en su día», cuando se aprobó, «la de todos» y no de «ningún pueblo en concreto», y que declara que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado».
También ha destacado que el texto constitucional «consagró un Estado social y democrático de derecho», y ha permitido a los españoles vivir «en libertad e igualdad», la que también «consagró el pluralismo político».
Por eso, ha señalado, quienes pertenecen al PP se sienten «deudores» de aquella época de nuestra historia y felicitan a los españoles que «lograron acertar» en el «gran éxito» de la Carta Magna.
Preguntada por cuál sería la reforma que ella haría de la Constitución, Cospedal ha señalado que la de la cuestión sucesoria de la Corona, en la que no debería prevalecer el varón sobre la mujer, sino el que tiene más edad sobre el que tiene menos.
En cualquier caso, ha considerado que la Constitución es «muy elástica» y «muy abierta y permite que nos podamos organizar de muy diversa manera sin tener que recurrir a cambios».
Eso sí, ha advertido, si hay alguna modificación se tiene que cumplir lo que la propia Constitución requiere, que es «la aprobación de todo el pueblo español».
La presidenta castellanomanchega ha reconocido que hay muchos derechos incluidos en la Constitución que para muchos ciudadanos no se están cumpliendo, como el derecho al trabajo, que muchas personas no tienen, o el derecho a una vivienda digna.
Pero ha subrayado que los poderes públicos tienen la obligación de intentar cambiar esas situaciones, como reconoce el propio texto constitucional.