La ejecutiva de UPyD ha reclamado la devolución de las cantidades detraídas a los funcionarios que hayan estado en situación de incapacidad temporal durante el tiempo en que esté en vigor la regulación actualmente vigente. Hace estas manifestacions tras analizar el anteproyecto que reforma, entre otros preceptos, la Disposición Adicional séptima de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha, por la que se va a modificar el régimen de las prestaciones por incapacidad temporal de los empleados públicos de la Junta, «que tan restrictivamente el ejecutivo regional reguló por la Ley 1/2012, de 21 de febrero».
La formación magenta indica que reiteradamente recriminó al gobierno regional la actual regulación de la incapacidad temporal, porque la persecución de las bajas fraudulentas que existiera en la administración de la Junta debía de producirse con una potenciación del control de las bajas por los servicios de atención primaria e inspección del Sescam con la ayuda de las jefaturas de personal de las unidades administrativas, y no mediante la disminución de las prestaciones a la totalidad de los empleados públicos, aun teniendo médicamente justificada la causa de su incapacidad
En palabras de Jesús Manuel Ruiz, responsable de Acción Política de UPyD en Castilla-La Mancha, se están produciendo durante estos meses en que se está aplicando la regulación establecida por la Ley 1/2012, una desigualdad manifiesta del personal de la Junta respecto a los empleados públicos de la Administración Local o del Estado, discriminación tan evidente, que en la propia exposición de motivos del propio anteproyecto, el ejecutivo regional apela literalmente a evitar estas diferencias de trato y de agravios comparativos, como razón de la modificación legislativa próxima.
Ruiz, añade, que están ocurriendo situaciones tan injustas como la de no percibir cantidad alguna en los tres primeros días de baja por enfermedad común, aun cuando la causa fuera debida a intervención quirúrgica u hospitalización, o el que las cuantías recibidas por el período de baja de los primeros 21 días sea claramente inferior a la de los funcionarios del Estado o de las corporaciones locales, situación que se corregirá ahora de aprobarse el anteproyecto en los términos actualmente redactados.
Para atenuar el perjuicio económico de los empleados públicos que hayan estado en situación de incapacidadd temporal durante el tiempo en que esté en vigor la actual normativa, la formación política reclama al ejecutivo de Cospedal que en la modificación que se prevé de la Ley de Empleo Público, se establezca en el anteproyecto su completa aplicación retroactiva al uno de marzo del presente año y que por tanto establezca expresamente la devolución de las cantidades que hubieran sido detraídas a los funcionarios que hubiesen estado en situación de incapacidad temporal.
Por último, UPyD exige al gobierno regional que no pretenda hacer ver a la sociedad castellano-manchega «que los empleados públicos son un colectivo privilegiado», cuando han sufrido igual que otros sectores las consecuencias de la política de recortes, especialmente con el despido masivo de interinos y con unas rebajas salariales aún mayores que los del personal de otras administraciones públicas.