El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha destacado que el año 2011 fue el año en el que menos delitos graves -homicidios y asesinatos- se registraron durante el último quinquenio. Martínez ha comparecido en la Comisión de Justicia y Protección Ciudadana de las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011.
En dicha Memoria se especifica que en 2011 hubo en Castilla-La Mancha 39 homicidios y asesinatos, siete menos que en 2010, lo que en términos porcentuales supone un 6,57 por 100 menos; y es también el año con menos delitos graves del quinquenio pues en 2007 hubo 43, en 2008 se contabilizaron 54, fueron 52 en 2009 y 46 en 2010.
El descenso de los delitos muy graves se refleja en la bajada significativa de las solicitudes de prisión provisional, ha explicado Martínez, quien ha vinculado ese dato a la seguridad ciudadana y la eficacia policial.
El fiscal ha expuesto los principales indicadores del 2011, cuando se produjo un ligero aumento en el número de diligencias previas de un 3,08 por 100, y del 1,48 por 100 de las diligencias urgentes (juicios rápidos), como también de los procedimientos abreviados (2,82 por 100).
Hubo un brusco descenso de sumarios y juicios de jurados, pero los juicios de faltas crecieron el 11,11 por 100.
En cuanto a los indicadores relacionados con los principales cometidos de las fiscalías, el 2011 se caracterizó por una estabilidad en el número de escritos de acusación y de juicios orales.
Respecto al grado de eficacia de los juzgados, ha dicho que aumentó la cifra de suspensiones de juicios, «y esto es un elemento claramente negativo» como también lo fue el número de procedimientos pendientes.
En el aspecto positivo, ha señalado que aumentaron notablemente la ejecución de sentencias y la cifra de sentencias de conformidad.
Martínez también ha subrayado que en ese ejercicio las fiscalías mantuvieron los niveles de eficacia pese a que llevaron más asuntos y las plantillas estaban congeladas, además, no hubo retrasos significativos en la actuación de las fiscalías, que lo hicieron con «rigor y prontitud», ha dicho.
Ha explicado que la crisis económica ha afectado menos al órgano que dirige, cuyo ámbito de actuación es de manera fundamental el penal, pero sí han aparecido nuevas modalidades de delitos patrimoniales.
Se ha referido a otros datos como el del número de fiscales por habitantes, que en España es de 4,4 por cada 100.000 habitantes mientras que en Castilla-La Mancha es de 3,2, solo por detrás de Navarra con 3,1 fiscales.
«TOLEDO, LA PROVINCIA CON MÁS NECESIDADES»
En Castilla-La Mancha hay 82 fiscales, ha dicho Martínez, para quien habría que llegar a los 93, y Toledo es la provincia con más necesidades.
No obstante, ha dicho que son conscientes de que esta es una reivindicación que hay que dejar para el futuro y de momento basta con optimizar las plantillas para mantener el rendimiento.
Martínez, durante su comparecencia, ha ofrecido más datos como que el reparto de la carrera judicial entre hombres y mujeres está a favor de estas, con un 60 por 100 frente a un 40 por 100 de hombres, y que la tendencia es a que este desequilibrio aumente.
Ha señalado también que las posibilidades de resultar condenado en Audiencia provincial son del 84 por 100, y respecto a los juzgados de paz ha dicho que, dada su escasa actividad, habría que ampliar sus competencias o suprimirlos.
Martínez ha enumerado los tres objetivos de la fiscalía: uno, profundizar en la unidad de acción de las distintas fiscalías del territorio regional; dos, potenciar la especialización mediante la creación de los delegados autonómicos de siniestralidad laboral, civil y menores; y tercero, abrir la actuación de la fiscalía a otros colectivos profesionales como los médicos.
Los dos grupos políticos, en palabras de las diputadas Rosa Melchor (PSOE) y Carolina Agudo (PP), han agradecido la labor de la fiscalía, aunque han lamentado la falta de medios.
La parlamentaria ‘popular’ ha asegurado que el año que viene, al presentar la Memoria de 1012, hablarán del proceso de modernización de la Justicia emprendido por el Gobierno de España.