La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha anunciado que los trabajadores del Tercer Sector que ejercen en territorio autonómico regional verán incrementado su salario del mismo modo que lo harán los trabajadores públicos de la comunidad autónoma.

Así lo ha asegurado desde la tribuna de oradores durante un debate parlamentario sobre la repercusión de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores de este ámbito que trabajan en las entidades locales de Castilla-La Mancha.

Según ha dicho, este incremento salarial será «en un porcentaje como mínimo igual» al de la subida que experimentarán los empleados públicos, lo que considera «una apuesta muy importante y avanzada».

Ha dicho además que entre los planes de su departamento en materia de financiación de este tipo de servicios está velar por el cumplimiento de la ley y que todos los trabajadores que desempeñan estas labores en ayuntamientos vean su salario equiparado al menos al nuevo Salario Mínimo Interprofesional aprobado por el Gobierno estatal.

En paralelo, el Gobierno autonómico se compromete a trabajar en dar más agilidad a los trámites y los pagos, fomentando la administración digital. Además, ha recordado que está muy avanzado el Proyecto de Ley del Tercer Sector, «una apuesta pionera que busca la mejora de la concertación» en este ámbito.

En todo caso, sí que ha reparado en que la subida del SMI «no tendrá mucho impacto» en cuanto a lo económico, ya que, según ha dicho, los trabajadores de este sector ya cobran por encima del nuevo límite, salvo «algunas categorías».

Tras recordar al PP -quien proponía este debate en sede parlamentaria- ha bloqueado en el Senado el nuevo marco presupuestario privando de «muchos millones de euros adicionales» a las arcas públicas, ha reparado en que está muy próximo a aprobarse el nuevo convenio a nivel estatal para el sector.

Según ha recordado, son muchos los avances realizados en Castilla-La Mancha «para mejorar la concertación social», poniendo como ejemplo el pago mensual a las entidades sociales.

Así, ha recordado que el 29 de noviembre pasado se realizó un Consejo de Gobierno abierto junto al Cermi de la región para avanzar la puesta en marcha de esta medida que dará «estabilidad económica» a las entidades sociales y a sus trabajadores.

Tal y como ha dicho la consejera, el Ejecutivo «quiere ser eminentemente social y pensar en las personas por encima de todo lo demás».

Sánchez ha esgrimido que la mejora del Estado del Bienestar en la región «es una realidad y ya se ve reflejada» tras haber puesto «los medios necesarios» desde su departamento.

Podemos alerta de despidos de trabajadores

Por su parte, la diputada de Podemos María Díaz ha considerado durante el debate que el sector de la discapacidad «ha sido uno de los que más ha pagado la crisis», al tiempo que ha avisado de que ya hay muchas entidades sociales que se han visto en la obligación de despedir o no renovar a sus trabajadores en el mes de diciembre «por la incertidumbre de no saber si podrán pagar» este aumento del SMI.

Por ello, le ha urgido a llegar a acuerdos con estas entidades para que la atención a la discapacidad «se haga con la máxima calidad posible».

«No deje que acabando la legislatura a este Gobierno se le caiga el alma a los pies. Tienen una gran responsabilidad», ha avisado la diputada, quien ha añadido que el aumento presupuestario en las ayudas para las entidades de este ámbito «puede que no sea suficiente».

El PSOE recuerda al PP su «traición»

De su lado, el diputado socialista Miguel González Caballero también ha recordado la «traición» del PP con el veto a aumentar el margen de endeudamiento en la nueva senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha utilizado para criticar que los ‘populares’ traigan ahora este debate a la región.

Ha querido acentuar que en esta legislatura se ha aumentado en 11 millones la convocatoria de ayudas a las entidades del sector dedicadas a la discapacidad. «Este es un Gobierno que trabaja en consonancia con la sociedad», ha defendido.

Por contra, ha criticado que el PP «abandonara este tipo de políticas» cuando gobernaba en la comunidad autónoma, recordando que «cuando más les necesitaban las personas con discapacidad» su Gobierno «les subía las tasas y recortaba las ayudas».

PP: «El Tercer Sector no está tranquilo»

Por último, la diputada del PP María Cortes Valentín ha exigido al Gobierno que atienda a un sector «que necesita la financiación necesario para seguir con su labor social, para que no tengan que despedir a personal y para que eviten las desigualdades».

Desde el PP, ha dicho, «no se va a consentir» que no se haga frente al incremento de este Salario Mínimo Internacional. Tras asegurar que los «populares» «no van a regalar los oídos» al Gobierno «como sí hace Podemos», ha urgido a la Consejería de Bienestar Social a cumplir esta reivindicación.

«Muy tranquilos no están en el Tercer Sector», según Valentín, quien ha reparado en el «caos» que a su juicio se vive en determinados servicios de la Consejería de Bienestar Social como en el caso de la ayuda a domicilio.