Los alcaldes socialistas de la provincia de Ciudad Real protestarán el lunes frente a la Consejería de Administraciones Públicas en Toledo para exigir el pago de la deuda que tiene contraída con ellos el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quien en un comunicado, ha defendido el acto de protesta que llevarán a cabo el lunes, ha dicho, «todos» los responsables de los consistorios ciudadrealeños del PSOE.
Caballero ha indicado que en el caso de los consistorios de la provincia de Ciudad Real en los que gobierna el PSOE la deuda ascendía a más de 84 millones al finalizar el 2011, una cifra de impagos que se disparará al concluir el presente ejercicio, en el que la práctica totalidad de dichos ayuntamientos no han recibido ni un solo euro del Ejecutivo regional del Partido Popular.
Ha indicado que los alcaldes han manifestado en múltiples ocasiones que «así no es que sea difícil seguir prestando los servicios que hasta venían ofreciendo a sus vecinos, es que es absolutamente imposible si la Junta no cumple con sus obligaciones».
Caballero ha comentado que esta acción reivindicativa, a la que se unirán también los alcaldes de las provincias de Cuenca y Guadalajara, tiene como objetivo unir sus voces para denunciar la «situación de asfixia a la que están siendo sometidos por la Junta de Comunidades», a la vez que pedirán de forma individual y por escrito el pago de la deuda acompañada de un informe de los secretarios e interventores de los ayuntamientos.
El responsable de los socialistas en Ciudad Real ha afirmado que «si los alcaldes se ven obligados» a realizar estos actos de protesta «no es porque quieran hacer oposición a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, porque saben que esa no es su función, es sencillamente porque no pueden seguir gobernando y atendiendo a las demandas de sus vecinos porque la Junta no les paga».
Estos impagos de la Junta «están llevando a la inmensa mayoría de los ayuntamientos a una situación límite y en determinados casos hasta dramática, al no poder pagar las nóminas de los empleados municipales, sufrir cortes o restricciones de luz ante la imposibilidad de hacer frente a la factura de la compañía eléctrica o directamente suprimir determinados servicios o prestaciones».