El próximo lunes, 25 de febrero, se abrirá el plazo de solicitud -que se extenderá hasta el 25 de marzo- para poder participar en la convocatoria de la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General de Castilla-La Mancha de los años 2017 y 2018, que asciende a 1.767 plazas. Los primeros exámenes para estas oposiciones podrían celebrarse a finales del mes de septiembre.
Se prevé que se presenten cerca de 90.000 solicitudes para participar en los procesos selectivos. Y que el 80 por 100 de ellas lo hagan por vía telemática, por lo que se ha puesto en marcha una plataforma de pago electrónica, que estará disponible en el portal de Empleo Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (empleopublico.castillalamancha.es).
Precisamente para incentivar el uso de la administración electrónica, los aspirantes que presenten la solicitud y paguen la tasa a través de los medios telemáticos «tendrán una bonificación del 10 por 100 sobre la cuantía correspondiente de la tasa».
Los parados estarán exentos del pago de la tasa, mientras que las mujeres embarazadas o con parto de riesgo se les podrá retrasar la realización de la prueba en el caso de que los exámenes coincidan con estas circunstancias.
Oposiciones con plazas de nuevo ingreso y de promoción interna
Así lo ha indicado este jueves el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha dado cuenta en rueda de prensa de la convocatoria de esta Oferta de Empleo Público, aprobada por el Consejo de Gobierno de la presente semana.
Este viernes se dará «el pistoletazo de salida» de estas oposiciones con la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del proceso selectivo de la nueva convocatoria. De esas 1.767 plazas, 911 son de funcionarios y 856 de personal laboral, al tiempo que 1.363 son de nuevo ingreso y 404 de promoción interna.
En total serán 76 procesos selectivos: 57 de funcionarios y 19 de personal laboral; y se pondrá en marcha una compleja logística para garantizar a los opositores la celebración de las pruebas con total normalidad. Lo que se pretende, según Ruiz Molina, «es blindar las plantillas de la administración regional para que en ningún caso, como sucedió en la anterior legislatura, los empleados públicos puedan ser moneda de cambio».
En este proceso se ha excluido el 2 por 100 de las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual porque se convocarán en un proceso independiente.