El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará la reconsideración del acuerdo de la Mesa de las Cortes que admitió a trámite la proposición de ley sobre minería de tierras raras, una decisión que se tomó en contra del criterio de los servicios jurídicos de la cámara.

El vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado este jueves, en el Pleno de las Cortes, esta decisión y ha recordado que el Consejo de Gobierno rechazó la tramitación de este proyecto de ley, presentado por Podemos, porque «tiene implicaciones presupuestarias».

Si bien, ha denunciado que en esa reunión, la Mesa de las Cortes -con el voto contrario del PSOE- «actuó de manera irresponsable, tomando una decisión en contra de los servicios jurídicos de las Cortes» y por ello ha defendido que el Gobierno regional tiene «derechos» cuando «cree que una ley no puede ser tramitada» porque tiene implicaciones presupuestarias.

Precisamente la decisión del Gobierno regional de no posibilitar la tramitación de este proyecto de ley sobre minería de tierras raras provocó el rechazo del portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, que le llevó a ausentarse de varias votaciones -en comisiones y plenos- que permitieron la aprobación de varias propuestas del PP.

Esta situación motivó que el Gobierno regional decidiera no remitir a las Cortes ningún proyecto de ley, entre ellas la de Garantías Ciudadanas, hasta que no se aclarara el conflicto interno de la formación morada, que tiene dos diputados en las Cortes y que ambos son necesarios para aprobar, junto a los 15 diputados del PSOE, dichos proyectos de ley, frente a los 16 diputados del PP.

Martínez Guijarro ha confiado en que la decisión de no remitir proyectos de ley a las Cortes sea «coyuntural» y ha defendido que, con esa medida, el Ejecutivo regional busca «defender el prestigio de las instituciones».

El vicepresidente primero ha argumentado que la decisión responde a tres principios: por responsabilidad, por respeto y por transparencia.

Martínez Guijarro ha explicado que es por responsabilidad, porque los diputados representan la voluntad de los ciudadanos y que el reparto de escaños dio como resultado la elección de un presidente de Castilla-La Mancha, de forma que mientras que el Gobierno regional no tenga garantías con «una mínima seguridad» de que se aprobarán las iniciativas legislativas, no remitirá proyectos de ley a las Cortes.

Es por transparencia porque, ha explicado Martínez Guijarro, «es bueno que los ciudadanos sepan lo que pasa» y se ha preguntado si el PP pretende «poder tervigersar, manipular o desnaturalizar» los proyectos de ley que lleguen a las Cortes, como a su juicio ha ocurrido este mismo jueves, con la aprobación de la ley que regula el Consejo de Formación Profesional en la que se incorporaron las enmiendas del PP por la ausencia de Llorente en la votación.

Guijarro insiste en la «pinza» entre el PP y la izquierda anticapitalista

Así, ha denunciado que en Castilla-La Mancha se está produciendo una «pinza» entre el PP y la izquierda anticapitalista, pues ha señalado que Llorente pertenece a esta corriente y ha acusado al diputado de Podemos de «querer agarrarse al PP para satisfacer su estrategia personal», mientras que el PP se «deja utilizar».

En este punto, Martínez Guijarro ha considerado que el Gobierno regional no va a colaborar en esta estrategia, pues ha indicado que las leyes que están pendientes son «muy importantes».

De hecho, ha resaltado que una de ellas es la de Garantías Ciudadanas, una propuesta de ley «muy equilibrada, que reconoce derechos y no puede quedar al albur de lo que piense en el último momento un diputado y de que un grupo quiera desnaturalizar la ley».

Asimismo, ha reivindicado que, aunque el PP ha acusado al Gobierno regional de haber tramitado la mitad de leyes en esta legislatura que en la pasada, estas han llegado a las Cortes tras hablar con «los colectivos y con los agentes sociales y económicos» y ha defendido que ello es así porque el Ejecutivo regional apuesta por que los proyectos «vengan consensuados con los sectores a los que afecta, aunque sea a costa de retrasar los proyectos».

Y ha reprochado que una decena de leyes que aprobó el anterior Ejecutivo fueron para acometer recortes en sanidad, educación o servicios sociales, que -ha denunciado- no fueron negociadas con los colectivos, por lo que ha considerado que «no es lo mismo legislar recortes, sobre todo cuando no se habla con nadie, que recuperar derechos hablándolo con los colectivos».

«El impulso legislativo no puede quedar en manos del criterio personal de un diputado y las ansias que ustedes (el PP) tienen de pactar con ese diputado. De ustedes depende, si cambia, cambiaremos la decisión», ha apostillado Martínez Guijarro.